AFIP estableció el pago trimestral de IVA para Pymes y Autónomos

AFIP, a través de la RG 3878, estableció nuevas medidas en materia impositiva para las Pymes y Autónomos. El IVA se pagará trimestralmente y el certificado de exclusión será a través de un trámite mas simplificado.

La medida, que comenzará a regir a partir de junio, fija que el mes de Julio, los Contribuyentes ya no deberán ingresar el saldo de la posición mensual de IVA ya que el primer pago deberá hacerse efectivo en el mes de septiembre ( correspondiente al trimestre junio, julio y agosto).No obstante, las declaraciones juradas continuarán siendo mensuales.

El beneficio es de aplicación para las PyMES (excepto construcción y minería) en los términos de la Ley 25300 y la Resolución 24/2001 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME).

Pequeñas y medianas empresas comprendidas
Están comprendidas en el presente beneficio, las siguientes empresas clasificadas como MICRO por la Res. 24/2001 SPyME:

 

 

Servicios: Personas humanas correspondientes al sector servicios por su actividad, sólo estarán alcanzadas por los beneficios aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en pesos sean inferiores o iguales al límite establecido para la categoría Micro Empresa.
Actividades agropecuarias: Los que desarrollen exclusivamente esta actividad a los fines de adherir al presente régimen deberán previamente solicitar el desistimiento de la opción ejercida en el marco de la Resolución General Nº 1.745 y su modificación, no resultando aplicable la limitación fijada en su Artículo 4°.
Ventas: Según la Resolución 24/2001 (Actualizada a 2016) se entenderá por ventas totales anuales, el valor de las ventas que surja del promedio de los últimos 3 Estados Contables o información contable equivalente adecuadamente documentada, excluidos el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera corresponder, y deducido hasta 50% del valor de las Exportaciones que surjan de dicha documentación.

 

Requisitos adicionales

  1. Poseer la C.U.I.T. con estado administrativo activo sin limitaciones ( RG N° 3.832 ).
  2. Declarar y mantener actualizado ante la AFIP el domicilio fiscal, así como los domicilios de los locales y establecimientos.
  3. Tener actualizado en el “Sistema Registral” el código relacionado con la actividad que desarrollan.
  4. Constituir ante la AFIP el “Domicilio Fiscal Electrónico”.
  5. Contar con el alta en los tributos pertinentes y no registrar falta de presentación de las declaraciones juradas determinativas y/o informativas correspondientes.
  6. No encontrarse en concurso preventivo o quiebra

 

Comienzo del beneficio
La solicitud de acceso a los beneficios establecidos en la presente resolución general surtirá efectos desde el primer día del mes de aprobación sobre la procedencia de la categorización correspondiente (como Micro, pequeña o mediana empresa ), que estará a cargo de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de Producción.

Decaimiento del beneficio
Los beneficios decaerán conforme ocurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) A partir del primer día del mes siguiente a aquel en el que se produzca alguno de los hechos que se indican a continuación:

  1. Desaparición de las causales que motivaron el encuadramiento en la categorización mencionada, o
  2. Falta de presentación de 3 declaraciones juradas mensuales del impuesto al valor agregado correspondientes a un mismo año calendario.

b) A partir del primer día del mes en que se produzca el incumplimiento del pago trimestral
IMPORTANTE: No obstante, desde el primer día del mes siguiente a aquel en que opere el vencimiento general para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, correspondiente al mes de cierre del ejercicio comercial del contribuyente o responsable, se dispondrá la baja automática de los beneficios otorgados, en cuyo caso deberán gestionar la respectiva solicitud a los fines de acceder nuevamente a ellos.

Ingreso del gravamen

La declaración jurada seguirá siendo mensual pero el pago  podrá hacerse de forma trimestral. Para ello, se deberá utilizar el procedimiento de transferencia electrónica de fondos (RG 1.778), hasta el día que —de acuerdo con la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del responsable— fija el cronograma de vencimientos vigente, agrupando los meses conforme se indica a continuación:

PERÍODO FISCAL VENCIMIENTO
Junio, julio y agosto Hasta el día que corresponda para el pago del período fiscal agosto.
Septiembre, octubre y noviembre Hasta el día que corresponda para el pago del período fiscal noviembre.
Diciembre, enero y febrero Hasta el día que corresponda para el pago del período fiscal febrero.
Marzo, abril y mayo Hasta el día que corresponda para el pago del período fiscal mayo.

En caso de pago fuera de término, los intereses resarcitorios se ingresarán de acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente.

 

Trámite del Certificado de Exclusión
Los contribuyentes mencionados, cuyas declaraciones juradas del impuesto al valor agregado arrojen un saldo de libre disponibilidad durante 2 períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido, podrán solicitar el “Certificado de Exclusión” implementado por la Resolución General N° 2.226.

Las Pequeñas y Medianas Empresas —tramo 1— deberán además poseer un saldo de libre disponibilidad en la última declaración jurada del impuesto al valor agregado vencida a la fecha de la solicitud, equivalente como mínimo, al 10% del promedio del impuesto determinado en las declaraciones juradas de los últimos 12 períodos fiscales. Para las Micro Empresas dicho saldo podrá ser inferior al porcentaje anteriormente mencionado.

Los certificados serán otorgados automáticamente una vez superados otros controles sistémicos realizados en el marco de la citada norma.

Modificación de la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria

DECRETO NACIONAL 223/2017
BUENOS AIRES, 31 de Marzo de 2017
Boletín Oficial, 3 de Abril de 2017
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: DN20170000223

SUMARIO

modificación de la reglamentación, cuenta corriente bancaria, impuesto sobre los débitos en cuenta corriente, impuesto sobre los créditos en cuenta corriente, Derecho constitucional, Derecho bancario, Derecho tributario y aduanero

Se Modifica la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria establecida en el Decreto 380/2001

 Visto

el Expediente N°S02:0054102/2016 del registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, las Leyes N°24.855 y 25.413 y sus respectivas normas modificatorias, reglamentarias y complementarias, el Decreto N°924 del 11 de septiembre de 1997 y sus modificatorios, el Decreto N°380 de fecha 29 de marzo de 2001 y sus modificatorios y el Decreto N°212 del 22 de diciembre de 2015, y

Considerando

Que por el artículo 3° de la Ley N°24.855 se creó el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL que tiene por objetivo asistir a las provincias y al Estado Nacional en la financiación de obras de infraestructura económica y social, de acuerdo a lo dispuesto en dicha ley.

Que el fondo funciona actualmente en la administración descentralizada de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, conforme a lo establecido en la Planilla Anexa al artículo 3° del Decreto N°212/15. Que por el artículo 1° del Decreto N°924/97 y sus modificatorios, reglamentario de la Ley N°24.855, se dispuso que el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA sería el fiduciario del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, el ESTADO NACIONAL el fideicomisario y los beneficiarios las jurisdicciones que adhirieran al régimen.

Que por el artículo 12 de la Ley N°24.855 se eximió al Fondo y al fiduciario, en sus operaciones relativas al Fondo, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro, invitándose a las provincias a adherir con la respectiva eximición de sus impuestos.

Que por el artículo 47 del Decreto N°924/97 y sus modificatorios, se dispuso la constitución de un Fideicomiso de Asistencia cuyo único objeto es proceder a la capitalización del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL mediante el aporte del producido neto de la venta de las acciones del BANCO HIPOTECARIO SOCIEDAD ANÓNIMA, con excepción de las excluidas por el artículo 7° inciso a) de la Ley N°24.855 y/o los empréstitos que contraiga con garantía sobre tales acciones.

Que por otra parte, por el inciso a) del artículo 1° de la Ley N°25.413 y sus normas reglamentarias y complementarias, se estableció un impuesto cuya alícuota sería fijada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, hasta un máximo del SEIS POR MIL (6%), aplicable a los créditos y débitos efectuados en cuentas -cualquiera sea su naturaleza- abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras.

Que asimismo, en el artículo 2° de la ley citada en el considerando anterior , se dispuso que a los efectos del impuesto establecido en esta norma, no serían de aplicación las exenciones objetivas y/o subjetivas dispuestas en otras leyes nacionales -aun cuando se trataren de leyes generales, especiales o estatutarias-, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía normativa, facultando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer exenciones totales o parciales del impuesto en aquellos casos en que lo estime pertinente.

Que el artículo 1° de la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N°25.413, aprobada como Anexo por el artículo 1° del Decreto N°380/01, estableció que el impuesto recaería sobre todos los créditos y débitos, de cualquier naturaleza, efectuados en cuentas abiertas en las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, con excepción de los expresamente excluidos por la ley y la reglamentación.

Que en dicho marco, por el inciso o) del artículo 10 del decreto mencionado en el considerando anterior se exceptuó del impuesto a las cuentas corrientes utilizadas por el fondo fiduciario creado por el Decreto N°286 de fecha 27 de febrero de 1995, ratificado por la Ley N°24.623 y las utilizadas por el fondo fiduciario de apoyo financiero a las entidades financieras y de seguro.

Que teniendo en cuenta la importancia de las misiones que tiene asignadas el FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, en especial la de asistir al Estado Nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la financiación de obras de infraestructura regional, brindando respuestas sociales y económicas a la población, generando empleo, facilitando las comunicaciones, promoviendo la equidad social y la igualdad de oportunidades para una verdadera integración nacional, resulta necesario incluir entre las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos en cuenta corriente bancaria, impuesto creado por la Ley N°25.413 y sus normas reglamentarias y complementarias, al FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL y a su Fideicomiso de Asistencia.

Que es dable destacar los importantes perjuicios causados al detraer del patrimonio del FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, los recursos destinados originariamente a la financiación de obras para ser enviados al Tesoro Nacional, en concepto de pago del tributo en cuestión.

Que esos perjuicios se cuantican económica y socialmente ya que el pago del tributo produce una merma en el patrimonio fideicomitido con impacto directo negativo en la construcción de obra pública en todo el país y, consecuentemente, en la generación de mano de obra genuina.

Que idénticas previsiones le son aplicables al Fideicomiso de Asistencia en tanto su único objetivo consiste en capitalizar al FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL para que cumpla con sus finalidades.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 2° de la Ley N°25.413 y sus normas reglamentarias y complementarias.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el inciso o) del artículo 10 de la Reglamentación del Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria, establecido por el artículo 1° de la Ley de Competitividad N°25.413, aprobada como Anexo por el artículo 1° del Decreto N°380 del 29 de marzo de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“o) Las cuentas corrientes utilizadas por el fondo fiduciario creado por el Decreto N°286 de fecha 27 de febrero de 1995, ratificado por la Ley N°24.623, las utilizadas por el fondo fiduciario de apoyo financiero a las entidades financieras y de seguro y las utilizadas por el fondo fiduciario creado por la Ley N°24.855 y su Fideicomiso de Asistencia creado por el Decreto N°924 del 11 de septiembre de 1997.“.

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Firmantes

MACRI-Peña-Frigerio-Dujovne

Resolución 103-E/2017-SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Resolución 103-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2017

VISTO el Expediente N° S01:0108986/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, las Leyes Nros. 24.467, 25.300 y 27.264, el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, las Resoluciones Nros. 24 de fecha 15 de febrero de 2001y sus modificatorias y 22 de fecha 26 de abril de 2001, ambas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 50 de fecha 25 de abril de 2013 y 357 de fecha 29 de junio de 2015, todas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, 11 de fecha 17 de marzo de 2016 y 39 de fecha 1 de junio de 2016, ambas de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, asignándole a la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN competencia en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de las Leyes Nros. 24.467 y 25.300 y su modificatoria, y de las normas dictadas en consecuencia, en su carácter de Autoridad de Aplicación.

Que el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300 y su modificatoria establece que la Autoridad de Aplicación deberá definir las características de las empresas que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas, contemplando, cuando así se justificare, las especificidades propias de los distintos sectores y regiones y con base en alguno, algunos o todos los siguientes atributos de las mismas o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo.

Que el Artículo 55 de la referida ley designó como Autoridad de Aplicación a la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, actualmente la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Que por la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, se reglamentó el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300 y su modificatoria y se adoptó una definición a los efectos de caracterizar la condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en función de la variable “ventas totales anuales”.

Que, posteriormente, la resolución citada en el considerando precedente fue modificada por las Resoluciones Nros. 22 de fecha 26 de abril de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, 50 de fecha 25 de abril de 2013 y 357 de fecha 29 de junio de 2015, todas de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del ex MINISTERIO DE INDUSTRIA, 11 de fecha 17 de marzo de 2016 y 39 de fecha 1 de junio de 2016, ambas de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y la Disposición N° 303 de fecha 17 de agosto de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que dichas medidas tuvieron como objetivo modificar, sustituir y/o complementar los alcances de la caracterización de Micro, Pequeña y Mediana Empresa establecida en la Resolución N° 24/01 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y sus modificatorias, actualizando los valores máximos de las ventas totales anuales establecidos originariamente.

Que el tercer párrafo del Artículo 1° de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, establece que la Autoridad de Aplicación deberá revisar anualmente la definición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa a fin de actualizar los parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada.

Que habiendo transcurrido DOCE (12) meses desde la última adecuación de los valores máximos de ventas totales anuales para cada una de las categorías de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, corresponde efectuar una nueva adecuación de dichos valores.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se adopta en virtud de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 24.467, 25.300 y 27.264, y sus normas complementarias, y el Decreto N° 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Artículo 1° de la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA y sus modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 1°.- A los efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley N° 25.300, serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas cuyas ventas totales anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro que se detalla a continuación:

Construcción Servicios Comercio Industria y minería Agropecuario
$ 4.700.000 $ 3.500.000 $ 12.500.000 $ 10.500.000 $ 3.000.000 Micro
$ 30.000.000 $ 21.000.000 $ 75.000.000 $ 64.000.000 $ 19.000.000 Pequeña
$ 240.000.000 $ 175.000.000 $ 630.000.000 $ 520.000.000 $ 145.000.000 Mediana Tramo 1
$ 360.000.000 $ 250.000.000 $ 900.000.000 $ 760.000.000 $ 230.000.000 Mediana Tramo 2

ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Mariano Mayer.

Resolución 4.019/2017 AFIP Procedimiento. Impuesto al Valor Agregado. Ley N° 26.784. Artículo 73. Formas y condiciones. Su implementación.

Resolución 4.019/2017
AFIP
Emitida el 28 de Marzo de 2017
Boletín Oficial, 30 de Marzo de 2017
Vigente, de alcance general
Id SAIJ: RSREAG0100401920170328

SUMARIO

impuesto al valor agregado, transporte aéreo, Derecho tributario y aduanero, Transporte

Visto

la Ley N° 26.784 publicada en el Boletín Oficial del 5 de noviembre de 2012, que aprueba el Presupuesto General para la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, y

Considerando

Que el Artículo 73 de la citada norma permite a las empresas comprendidas en las Leyes N° 26.412 y N° 26.466, utilizar el saldo a favor a que se refiere el primer párrafo del Artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, para el pago de las obligaciones impositivas cuya recaudación, aplicación y percepción se encuentren a cargo de esta Administración Federal.

Que de acuerdo con lo dispuesto en dicho texto legal este Organismo se encuentra facultado para establecer las formas y condiciones de implementación.

Que atendiendo razones de oportunidad ameritan reglamentar el referido procedimiento.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Fiscalización y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 73 de la Ley N° 26.784 y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

ARTÍCULO 1°.- Las empresas comprendidas en las Leyes N° 26.412 y N° 26.466, alcanzadas por el beneficio dispuesto por el Artículo 73 de la Ley N° 26.784, publicada en el Boletín Oficial del 5 de noviembre de 2012, a los fines de utilizar el saldo a favor del contribuyente a que se refiere el primer párrafo del Artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones para compensar los importes a ingresar en concepto de retenciones y/o percepciones impositivas efectuadas -conforme a los regímenes establecidos por esta Administración Federal-, deberán observar las formas y demás condiciones que se establecen por la presente.

La compensación deberá efectuarse a través del “Sistema de Cuentas Tributarias”, aprobado por la Resolución General N° 2.463 y sus complementarias.

ARTÍCULO 2°.- Los saldos técnicos en el impuesto al valor agregado a utilizar, aludidos en el artículo precedente, son únicamente aquellos acumulados hasta el período fiscal diciembre de 2013, inclusive, que no hayan sido impugnados ni afectados a la fecha de presentación de la nota y demás elementos a que se refiere el Artículo 4°.

ARTÍCULO 3°.- La compensación deberá efectuarse hasta la concurrencia de las retenciones y/o percepciones impositivas a ingresar, comenzando por la obligación más antigua, así como -de corresponder- sus respectivos intereses.

– PROCEDIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS SALDOS TÉCNICOS

ARTÍCULO 4°.- Los sujetos indicados en el Artículo 1° mediante una única presentación deberán suministrar a través de una nota con carácter de declaración jurada -en los términos de la Resolución General N° 1.128– ante la dependencia de este Organismo en la que se encuentren inscriptos, la información relativa a los saldos técnicos en el impuesto al valor agregado acumulados hasta el período fiscal diciembre de 2013, inclusive, susceptibles de ser utilizados.

La información presentada deberá estar acompañada por los siguientes elementos:

a) Soporte digital con los datos de los comprobantes que originan los créditos fiscales que conforman el saldo técnico a utilizar, estructurados conforme a los diseños y especificaciones previstos para el Régimen Informativo de Compras y Ventas del Título I de la Resolución General N° 3.685, publicados en el micrositio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar/comprasyventas).

b) Informe especial extendido por contador público independiente, respecto del detalle, existencia y legitimidad de los montos, con la firma del profesional interviniente certificada por el consejo profesional o, en su caso, entidad en la que se encuentre matriculado. A tal fin serán de aplicación los procedimientos de auditoría dispuestos en la resolución emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas o, en su caso, por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los papeles de trabajo correspondientes al informe emitido deberán conservarse en archivo a disposición de esta Administración Federal.

ARTÍCULO 5°.- Los importes que se utilizarán para la compensación deberán detraerse del saldo técnico de la declaración jurada del impuesto al valor agregado correspondiente al período fiscal del mes de la presentación de la nota a que se refiere el Artículo 4°.

ARTÍCULO 6°.- Los montos informados mediante el procedimiento indicado en los artículos precedentes serán, de corresponder, reflejados en el “Sistema de Cuentas Tributarias”, para su solicitud de compensación posterior a través de dicho sistema.

– DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 7°.- Lo establecido en la presente no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización otorgadas a esta Administración Federal por la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 8°.- Las disposiciones de esta resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTÍCULO 9°.- Publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Firmantes

Alberto R. Abad.

Dejan sin efecto el traspaso de la administración del Servicio Alimentario Escolar a los Municipios de la Pcia de Bs As

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nro 1 de LA PLATA – BUENOS AIRES – 16/03/2017

Suspende cautelarmente los efectos del Decreto 2077/16, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos , por el cual se otorga la administración del Servicio Alimentario Escolar (SAE), dirigido a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, escolarizados en escuelas públicas de la Provincia, a los Municipios que adhieran al mismo. Considera que la pretensión cautelar se sustenta sobre bases prima facie verosímiles, pues el traspaso por el cual se desplaza a los consejos escolares del ejercicio de facultades otorgadas por normas de mayor jerarquía, resulta prima facie contrario al principio de de legalidad y de supremacía constitucional (arts. 31 CN y 57 de la CPBA), por cuanto implicaría el ejercicio por la administración pública local (Municipios) de facultades otorgadas por la Constitución Provincial a los Consejos Escolares.

Crovella Roberto Alfredo y otros c/ Poder Ejecutivo s/ pretensión anulatoria

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Convenios de Trabajo – Comercio. Se homologó el acuerdo salarial

El Ministerio de Trabajo homologó el acuerdo salarial de los empleados de comercio.

El acuerdo del 22-03-17 fue suscripto entre la Federación Argentina de empleados de Comercio y Servicios (Faecys) por el sector sindical y la Unión de Entidades comerciales Argentinas (Udeca), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Cámara Argentina de Comercio (Cac), por el sector empresario.

Para acceder al texto completo haga click aquí.

Fuente: Elsa Rivero

Blanqueo laboral en las Pymes

Se trata de trabajadores que actualmente no gozan de aportes previsionales ni de obra social.

El blanqueo debe aplicarse exclusivamente a las Pymes, porque no hay ningún justificativo para que una gran empresa con rentas extraordinarias tenga gente en negro.

La intención de la propuesta es buena y necesaria, desde varios puntos de vista como criterios. El primero, de justicia, porque se trata de trabajadores que actualmente no gozan de aportes previsionales ni de obra social. En segundo término, a mediano y largo plazo, representaría también un beneficio impositivo considerable para el Gobierno Nacional, que enfrenta un déficit de importantes magnitudes. Y en tercer lugar, por razones de equidad, ya que la formalización laboral de semejante universo significaría una mejora distributiva muy progresiva.

Dicho esto, debemos tener presente que esto puede aparejar dificultades económicas y financieras para las pequeñas y medianas empresas, las cuales concentran más del 70% del empleo, y donde los mayores niveles de informalidad obedecen generalmente a la imposibilidad de atender una estructura de costos excesivamente pesada (no sólo laborales, sino también logísticos, tarifarios, financieros, cambiarios, etc.)

Por dicha razón, el Gobierno debería pensar paralelamente, una batería de medidas que mejoren hacia el futuro la competitividad y productividad PyME, de modo que sea posible para estas empresas afrontar los costos crecientes.

Los beneficios previstos en la Ley PyME recientemente reglamentada (estabilidad fiscal, eliminación de la ganancia mínima presunta, pago a cuenta del impuesto a las ganancias por inversiones, bono de crédito fiscal por el IVA de inversiones productivas, etc.) son importantes pero, por un lado, de poco sirven en un contexto macroeconómico de estancamiento como el actual. Y por el otro, deben ser complementados con otros incentivos nacionales y de carácter provincial.

Entre ellas, con carácter nacional, sería importante reactivar las alícuotas previstas por el Decreto 814 de 2001 para computar a cuenta de otros tributos los aportes patronales realizados por las micro, pequeñas y medianas empresas.

Desde el plano regional, cada provincia tiene sus particularidades, pero podemos enumerar algunas como ejemplo: la exención del Impuesto Inmobiliario por 2 años para las construcciones con destino a la producción de bienes y servicios; la exención del Impuesto a los Sellos por tiempo determinado para los contratos, órdenes de compra, etc. que se suscriban en el ámbito local para empresas nuevas; exención del Impuesto Automotor por tiempo determinado para la adquisición de vehículos utilitarios nuevos destinados a ampliar y fortalecer sistemas logísticos; Compensación de créditos remanentes para la cancelación de tributos locales; Cómputo como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del 10% del valor de las inversiones productivas realizadas localmente si el mismo no puede descargarse del Impuesto a las Ganancias.

Osvaldo Cornide
Presidente de CAME

Fuente: CAME