Aprueban procedimiento de exportación “puerta a puerta” para pymes

Mediante la resolución 725-E/2017 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno aprobó el procedimiento del régimen Exporta Simple, diseñado para facilitar el proceso de exportación a pymes y emprendedores para impulsar la apertura de mercados y las reposiciones de stock.

La iniciativa busca fomentar más exportaciones para sectores que necesitan de este nuevo canal, porque habitualmente comercializan pequeños volúmenes, informó el Ministerio de Producción en un comunicado.

La cartera que conduce Francisco Cabrera, mediante la Secretaría de Comercio, junto con la Aduana y Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), desarrollaron esa herramienta para simplificar el proceso para pequeñas exportaciones a emprendedores y pymes, el verdadero motor del empleo y quienes agregan valor a la economía.

Según la resolución, el sistema entrará en vigencia en octubre y permitirá realizar exportaciones mediante prestadores de servicio postal certificados por Aduana, sin intervención de terceros, cargando los datos de la operación directamente en un portal web que brindará detalles de la operación y la cotización por el envío, a través de los diferentes servicios de correos y couriers.

Sostuvo que de esta manera “se evitarán costos y tiempos innecesarios a los pequeños y medianos empresarios y emprendedores“.

El nuevo Exporta Simple permitirá exportar hasta 300 kilos por envío y US$ 15 mil, con un tope anual de US$ 600 mil dólares, y hasta ahora sólo era posible realizar envíos de hasta 50 kilos y mil dólares, sin tope anual.

Los bultos no podrán superar los 100 kilos, 97 centímetros de largo y 95 centímetros de ancho y profundidad, lo que por ejemplo significa que si un envío pesa 300 kilos se tendrá que dividir en tres paquetes de 100 con los requisitos de tamaño.

Ingresando a una web, se podrá cerrar una operación tan compleja como una exportación, donde el sistema va a permitir cotizar las distintas opciones de precio que ofrezcan los couriers inscriptos, elegir el mejor precio y exportar puerta a puerta“, señaló la cartera de Producción.

No será necesario estar inscripto en el registro de importadores o exportadores de Aduana, ya que con sólo tener una computadora, una pyme podrá acceder a exportar, apuntó.

“Exporta Simple forma parte del Plan de Desburocratización, Digitalización y Simplificación Administrativa que lleva adelante el Ministerio de Producción, y que ya permitió a las empresas ahorrar $2.694 millones en trámites realizados con esta cartera”, destacó el comunicado.

FUENTE: AMBITO.COM

Anuncios

BCRA DDJJ impositiva: los Bancos no pueden exigirla

Los clientes de las entidades financieras pueden elegir exhibirla o no, cuando el banco se las pide.

A través de su Comunicación B11587, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó que los clientes de las entidades financieras podrán presentarles a éstas sus declaraciones juradas de impuestos nacionales en forma voluntaria, a los efectos de establecer su nivel de riesgo crediticio o confeccionar su perfil de cliente.

Gracias a esta decisión, a partir de ahora los bancos podrán aprobar muchas operaciones de sus clientes en forma más ágil y sin la necesidad de pedirles una certificación de ingresos firmada por un contador público. En este sentido, el BCRA procura seguir con su tarea de eliminar requisitos y trámites innecesarios, reduciendo los tiempos y los costos operativos de las operaciones bancarias.

El carácter voluntario de esta presentación por parte del cliente deberá manifestarse de forma expresa y ser ajena a cualquier requerimiento por parte del banco, el cual deberá adoptar los recaudos necesarios para evitar la difusión de la información. El hecho de que la declaración sea presentada por propia voluntad, no le quita confidencialidad a su contenido.

Para la adopción de esta medida, el BCRA ha efectuado consultas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

Ver  Com. BCRA “B” 11.587

 

Fuente: BCRA

DECRETO 711/2017 – Reglamentación de la ley de apoyo al capital emprendedor

VISTO:

El Expediente N° EX-2017-06657285-APN-CME#MP y la Ley N° 27.349, y

CONSIDERANDO:

Que el Título I de la Ley N° 27.349 tiene por objeto apoyar la actividad emprendedora en el país y su expansión internacional, así como la generación de capital emprendedor en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que a través del artículo 4° de la citada Ley se determinó la creación del Registro de Instituciones de Capital Emprendedor, en el cual deberán registrarse las instituciones de capital emprendedor, los administradores de dichas entidades y los inversores en capital emprendedor a fin de obtener los beneficios previstos en dicha Ley.

Que dentro de las medidas destinadas a promover el desarrollo de capital emprendedor, se establece un tratamiento impositivo especial para los aportes de inversión en capital emprendedor, el cual consiste en la posibilidad de deducirlos de la determinación del impuesto a las ganancias.

Que, asimismo, la Ley dispone la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), el que tendrá por objeto financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor.

Que a fin de lograr los objetivos perseguidos por la mencionada Ley, resulta necesario reglamentar aquellas disposiciones fundamentales para su efectiva aplicación.

Que las DIRECCIONES GENERALES DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE HACIENDA han tomado la intervención que les compete.

Que el presente Decreto se dicta en uso de las atribuciones conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

Art. 1 – Apruébase la reglamentación del Título I de la ley 27349 que como Anexo (IF-2017-19589126-APN-MP) forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – Facúltase a la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción, en su carácter de Autoridad de Aplicación, a dictar las normas aclaratorias y complementarias que sean necesarias para la interpretación y aplicación del Título I de la ley 27349 y de lo dispuesto en la reglamentación que se aprueba por el presente decreto.

Art. 3 – Desígnase al Banco de Inversión y Comercio Exterior SA como fiduciario del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE).

Art. 4 – El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5 – De forma.

 

ANEXO

REGLAMENTACIÓN DEL TÍTULO I DE LA LEY 27349

TÍTULO I

APOYO AL CAPITAL EMPRENDEDOR

Capítulo I

Disposiciones generales

Art. 1 – A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 de la ley 27349, los recursos a aportar por una “institución de capital emprendedor”, allí aludidos, podrán ser tanto dinerarios como no dinerarios, siempre que se trate de activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local.

Art. 2 – A efectos de lo establecido en el artículo 3 de la ley 27349, debe entenderse por “fondo” a los Fondos Comunes de Inversión, en los términos de la ley 24083, sus modificatorias y complementarias.

Art. 3 – El Registro de Instituciones de Capital Emprendedor (RICE) creado por el artículo 4 de la ley 27349 funcionará en el ámbito de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción.

A efectos de la inscripción en el RICE, las Instituciones de Capital Emprendedor y los Inversores en Capital Emprendedor deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5 de la ley 27349, mediante la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), aprobada por el decreto 1063 de fecha 4 de octubre de 2016, o bien personalmente ante la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Producción.

Art. 4 – A efectos de lo previsto en el artículo 5 inciso c) de la ley 27349, debe entenderse por “sociedad administradora” a aquella persona jurídica que, en nombre y representación de la Institución de Capital Emprendedor, gestiona las inversiones realizadas por esta. La sociedad administradora podrá estar constituida como cualquiera de los tipos societarios previstos por la ley 19550 general de sociedades t.o. 1984 y sus modificatorias, o la sociedad por acciones simplificada, contemplada en la ley 27349 que por el presente se reglamenta.

Art. 5 – A efectos de acreditar el requisito previsto en el artículo 6 de la ley 27349, la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda, informará a la Autoridad de Aplicación respecto del cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales a cargo de los sujetos allí mencionados, en la forma que a tal efecto establezca dicha Administración Federal.

A efectos de acreditar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de prevención de delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y otras actividades ilícitas, el interesado deberá presentar una declaración jurada de origen y licitud de los fondos en los términos que establezca la Autoridad de Aplicación.

Capítulo II

Tratamiento impositivo

Art. 6 – A los efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 27349, debe entenderse por “aporte de inversión” a aquel que se realice en forma directa, o indirecta a través de una Institución de Capital Emprendedor, en un Emprendimiento.

Cuando el Emprendimiento reciba aportes de inversión a través de su sociedad controlante, local o extranjera, la deducción resultará procedente siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el aporte de inversión tenga como destino final e irrevocable la capitalización del Emprendimiento en un plazo no mayor a los doce (12) meses de efectuado, y

b) Que la sociedad controlante posea, al momento de la realización del aporte de inversión, como mínimo el noventa por ciento (90%) de la participación accionaria en el Emprendimiento. Asimismo, cuando el aporte de inversión se realice en la sociedad controlante extranjera, el mismo deberá consistir en dinero o activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local que se encuentren en el exterior.

Se entenderá por “activos financieros líquidos de fácil realización en moneda local” a aquellos que sean liquidables en plazos de hasta veinticuatro (24) horas y sin que ello signifique una pérdida de su valor.

La Autoridad de Aplicación establecerá los demás requisitos a cumplir y el modo de acreditar el cumplimiento de los mismos.

Art. 7 – A efectos de lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 27349, fíjase en setenta y cinco por ciento (75%) el porcentaje de los aportes de inversión que podrán ser deducidos en la determinación del impuesto a las ganancias. Dicho porcentaje será de ochenta y cinco por ciento (85%) para el caso de aportes de inversión en capital en emprendimientos identificados como pertenecientes a zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento.

Defínense como zonas de menor desarrollo y con menor acceso al financiamiento a las Provincias comprendidas en la región Norte, conforme el artículo 2 del decreto 435 de fecha 1 de marzo de 2016.

Art. 8 – A efectos de la deducción en la determinación del impuesto a las ganancias establecida en el artículo 7 de la ley 27349, se establece que:

a. Tratándose de personas humanas, los aportes realizados se deducirán de la ganancia neta sujeta a impuesto.

b. Tratándose de los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1997) y sus modificaciones, se deducirán de sus ganancias netas imponibles.

Las sociedades a que se refiere el inciso b) del artículo 49 de esta última norma legal, no deberán deducir para la determinación del resultado impositivo el importe de los aportes de inversión por ellas realizado.

Dichos montos serán computados por los socios en sus respectivas declaraciones juradas individuales del conjunto de sus ganancias, en proporción a la participación que les corresponda en los resultados societarios.

Art. 9 – A efectos de determinar el límite del diez por ciento (10%) establecido en el primer párrafo del artículo 7 de la ley 27349, el mismo se calculará sobre la ganancia neta sujeta a impuesto o la ganancia neta imponible, según corresponda.

Art. 10 – El cupo fiscal anual establecido por el artículo 8 de la ley 27349, se administrará conforme los siguientes criterios:

a. El cupo fiscal anual será asignado por orden de solicitud en tiempo y forma.

b. Dicho cupo será distribuido, para cada ejercicio fiscal, considerando sectores estratégicos, características de los emprendimientos y/o zonas de radicación de los mismos, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

c. La Autoridad de Aplicación podrá reasignar el cupo distribuido.

Art. 11 – A efectos de lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 27349, el Poder Ejecutivo Nacional podrá reducir el porcentaje de la ganancia neta sujeta a impuesto, en caso de tratarse de personas humanas, y de la ganancia neta imponible, en caso de tratarse de los sujetos comprendidos en el inciso a) del artículo 49 de la ley de impuesto a las ganancias, (t.o. en 1997) y sus modificaciones.

Art. 12 – A los efectos de acceder al beneficio establecido en el artículo 7 de la ley 27349, el inversor en capital emprendedor deberá presentar la correspondiente solicitud mediante el servicio que se encontrará disponible en la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), aprobada por el decreto 1063 de fecha 4 de octubre de 2016, o bien, en sede del Ministerio de Producción, en los términos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

Art. 13 – La Autoridad de Aplicación realizará el análisis de la solicitud y se expedirá acerca de si se encuentran reunidos los requisitos para el otorgamiento del beneficio fiscal.

En caso que corresponda el otorgamiento del beneficio, la Autoridad de Aplicación certificará la existencia de cupo, y al momento de hacerse efectivo el otorgamiento del mismo, detraerá su monto del cupo anual total.

El beneficio establecido en el artículo 7 de la ley 27349 será otorgado por la Autoridad de Aplicación según orden de ingreso del trámite en tiempo y forma, siempre que se haya realizado efectivamente la inversión, y estará condicionado a la efectiva existencia de cupo al momento de la solicitud.

La obtención del beneficio puede ser parcial, para el caso que el cupo disponible no alcance a la totalidad del beneficio solicitado.

Art. 14 – La Autoridad de Aplicación dictará las normas que estime necesarias a los fines de establecer las actividades de verificación y control del efectivo cumplimiento de los requisitos y las obligaciones relativos al beneficio establecido en el artículo 7 de la ley 27349.

En caso de que la Autoridad de Aplicación verifique el incumplimiento de alguno de los requisitos y obligaciones, aplicará las sanciones previstas en el artículo 12 de la ley 27349 y pondrá en conocimiento a la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, a fin de que esta dé curso al procedimiento correspondiente para perseguir el cobro del impuesto generado por la restitución del aporte deducido, con más los intereses y multas que pudieran corresponder.

Art. 15 – El otorgamiento del beneficio será informado a la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, en las formas y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación.

Art. 16 – La Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, efectuará controles informáticos sistémicos, en las condiciones que establezca, a efectos de verificar el cumplimiento del límite del porcentaje establecido sobre la ganancia neta sujeta a impuesto del ejercicio o su proporcional a los meses del inicio de actividades, de conformidad a lo previsto en el primer párrafo del artículo 7 de la ley 27349.

Art. 17 – El beneficio establecido en el artículo 7 de la ley 27349 solo podrá computarse en la determinación del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio en el cual se realizó efectivamente el aporte de inversión, sin perjuicio de lo dispuesto en relación al excedente de dicho beneficio.

Art. 18 – A efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7 de la ley 27349, se establece que la diferencia de impuesto que surja por la devolución total o parcial de las sumas oportunamente deducidas en concepto de aportes, deberá ingresarse en la fecha que se fije como vencimiento para la presentación de la declaración jurada del ejercicio comercial o período fiscal en que deba atribuirse la devolución, con más los intereses que pudieran corresponder de acuerdo al artículo 37 de la ley 11683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, calculados desde la fecha de vencimiento fijada para la presentación de la declaración jurada del ejercicio comercial o período fiscal en que se practicó la deducción hasta la fecha de vencimiento indicada en primer término, o del efectivo ingreso.

Art. 19 – Cuando a raíz del incumplimiento de alguno de los requisitos u obligaciones relativos al beneficio establecido en el artículo 7 de la ley 27349, el aportante deba reintegrar al resultado impositivo las sumas oportunamente deducidas y en el mismo ejercicio fiscal efectúe aportes, estos no gozarán del beneficio impositivo previsto en la mencionada ley hasta el monto equivalente a dicho reintegro.

Capítulo III

Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE)

Art. 20 – A los fines de lo establecido por el artículo 15 de la ley 27349, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) podrá estructurarse mediante distintos fideicomisos, cuyo objeto comprenda el desarrollo y la ejecución de acciones que:

a) apoyen y potencien el proceso de creación de nuevos Emprendimientos en la República Argentina; y/o:

b) favorezcan el desarrollo de emprendimientos dinámicos y que tengan operaciones relevantes en Argentina; y/o

c) apoyen el surgimiento y desarrollo profesional de Instituciones de Capital Emprendedor y sus sociedades administradoras; y/o

d) apoyen el surgimiento y desarrollo profesional de instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas, conforme lo defina oportunamente la Autoridad de Aplicación.

Art. 21 – A efectos de lo dispuesto en los incisos d) y e) del apartado 1 del artículo 16 de la ley 27349 se consideran incluidos dentro de los recursos integrantes del patrimonio del FONDCE, entre otros, aquellos derechos, intereses, acciones, cuotas, créditos o activos de cualquier otra índole que se obtengan de la aplicación de los recursos a cualquiera de los destinos previstos para el FONDCE.

Art. 22 – Los fideicomisos que se establezcan en virtud de lo dispuesto por el artículo 16 in fine de la ley 27349 integrarán el FONDCE y gozarán de los beneficios del mismo.

Art. 23 – La Autoridad de Aplicación establecerá los criterios y mecanismos a seguir para seleccionar los emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas susceptibles de acceder a los instrumentos de financiamiento a otorgarse en el marco del FONDCE. Las convocatorias de selección y los demás mecanismos que la Autoridad de Aplicación establezca a esos fines, deberán revestir carácter público.

Art. 24 – La Autoridad de Aplicación podrá solicitar la constitución de garantías para el efectivo cumplimiento de las obligaciones a cargo de los peticionantes, las cuales serán restituidas una vez aprobada la correspondiente rendición de cuentas.

Art. 25 – Los destinatarios de los beneficios del FONDCE deberán:

a. Utilizar los recursos, bienes y servicios que ofrezca el FONDCE exclusivamente para la ejecución de las actividades previstas en los términos y condiciones de los instrumentos de financiamiento que se implementen en el marco del mismo, debiendo rendir cuentas a la Autoridad de Aplicación en los términos y con la periodicidad que esta indique.

b. Comunicar a la Autoridad de Aplicación toda circunstancia que pudiera afectar el desarrollo de los instrumentos de financiamiento del FONDCE, alterar el cumplimiento de los compromisos asumidos, afectar las garantías o cualquier otro cambio que de acuerdo al principio de buena fe deba ponerse en conocimiento.

Art. 26 – El Comité Directivo del FONDCE estará integrado por cinco (5) representantes titulares y cinco (5) representantes suplentes, de acuerdo al siguiente detalle: tres (3) representantes titulares y tres (3) suplentes serán designados por el Ministerio de Producción, entre ellos el titular de la Autoridad de Aplicación, quien ejercerá la presidencia del Comité Directivo; un (1) representante titular y un (1) suplente serán designados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y un (1) representante titular y un (1) representante suplente serán designados por el Ministerio de Agroindustria. Los miembros del Comité Directivo ejercerán sus funciones con carácter ad honórem, durarán dos (2) años en sus funciones y su designación podrá renovarse por períodos de igual duración en forma indefinida.

Art. 27 – Las funciones del Comité Directivo serán las siguientes:

a) Aprobar o rechazar el otorgamiento de los beneficios en el marco del FONDCE.

b) Instruir al Fiduciario las acciones pertinentes a los fines de la implementación y cumplimiento de los objetivos del FONDCE.

c) Implementar las demás acciones necesarias para ejecutar los instrumentos de financiamiento del FONDCE.

d) Establecer los mecanismos de monitoreo para cada tipo de financiamiento.

e) Asesorar a la Autoridad de Aplicación en lo concerniente a los contratos de fideicomiso que en el marco del FONDCE se establezcan.

f) Designar al Consejo Asesor ad hoc para cada programa, estableciendo sus funciones y limitaciones.

g) Dictar y modificar el reglamento de funcionamiento interno.

Art. 28 – Las funciones de cada Consejo Asesor serán:

a) Emitir opinión técnica previamente a la aprobación de los beneficios por el Comité Directivo en el marco de las convocatorias aprobadas por la Autoridad de Aplicación.

b) Otras funciones que determine el Comité Directivo.

 

Fuente: Boletín Oficial

Boletín Oficial:11/09/2017

Vigencia:11/09/2017

Aplicación:Desde el 12/09/2017

Registro de tierras fiscales productivas: La AFIP dispuso prórrogas en su aplicación

Mediante la RG 4120E publicada hoy en el Boletín Oficial, la AFIP dispuso la aplicación desde el día 1-11-2017 de los Títulos I,II,III y V y desde el día 1-12-2017 del Título IV de la RG 4096E, con vigencia original a partir del 1-8-2017.

Tal como hemos publicado, la FACPCE -en representación de los 24 Consejos que la integramos- solicitó por nota el 28-7-2017 la postergación de la vigencia de la RG 4096E, previamente al inicio de la misma; y la reiteró por nota el 28-8-2017 proponiendo a su vez la modificación previa de aspectos sustanciales de la misma, con una extensa fundamentación.

Nuestro Consejo había solicitado a la FACPCE por nota del 27-7-2017 el inicio de estas gestiones, y participó muy activamente a través de nuestros representantes en la CEAT y la Comisión Provincial de Estudios Tributarios en la elaboración de la propuesta. Esperamos que luego de esta postergación la AFIP disponga las modificaciones que resultan necesarias en los requerimientos de la norma, que permitan un adecuado cumplimiento por parte de los obligados, y de los profesionales matriculados que los asesoran y preparan sus presentaciones.

Trabajo registrado

Qué requisitos debe cumplir el empleador que registre legalmente a sus trabajadores, para gozar de los beneficios del Dto. 638/17.

Por: Dra. Victoria S. Reinoso

PRÓRROGA DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO REGISTRADO

El Gobierno prorrogó por un año la vigencia del “Régimen de Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado”, que reduce las contribuciones a la seguridad social de las empresas que tomen nuevos empleados.

La decisión quedó establecida bajo el decreto 638/2017 publicado el 11/08/2017 en el Boletín Oficial, que establece: “Prorrógase desde el 1° de agosto de 2017 y por el término de doce meses el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley N° 26.940”

El beneficio dispuesto por esta Ley consiste en una reducción de contribuciones patronales de la Seguridad Social para los empleadores que tengan hasta 80 trabajadores, por el plazo de 24 meses contados a partir del inicio de una nueva relación laboral por tiempo indeterminado.

Alcanza a las contribuciones patronales establecidas en el régimen general, como el Sistema Integrado Previsional Argentino, el Fondo Nacional de Empleo, el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. No están comprendidas las contribuciones al Sistema de Obras Sociales ni las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

En el caso de las empresas que cuenten con hasta 15 trabajadores registrados al año 2014, los primeros 12 meses no pagarán contribuciones patronales por las nuevas contrataciones, mientras que los siguientes 12 meses pagarán un 25% de las mismas. En cambio, para las pymes que tengan hasta 80 trabajadores, el beneficio consistirá en que durante los primeros 24 meses de la relación laboral pagarán el 50% por las nuevas contrataciones.

Para acceder a la reducción de contribuciones, los empleadores deberán comunicar el alta del trabajador y confeccionar las declaraciones juradas correspondientes” a través de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Debemos recordar que el empleador no podrá hacer uso del beneficio con relación a los siguientes trabajadores:

• Los que hubieran sido declarados en el régimen general de la seguridad social con anterioridad de la entrada en vigencia de éste régimen legal y hasta la fecha en que las disposiciones tengan efecto y continúen trabajando para el mismo empleador;

•  Los que hayan sido declarados en el régimen general de la seguridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los doce (12) meses.

• El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (12) meses contados a partir de la extinción incausada de la relación laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el régimen general de la seguridad social.

Además, quedan excluidos del beneficio los empleadores cuando:

• Figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) instituido por el título I de la ley 26.940, por el tiempo que permanezcan en el mismo.

• Incurran en prácticas de uso abusivo del beneficio establecido en la presente ley.

 

La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo momento en que ocurra cualquiera de las causales indicadas en los Arts. 26, 27 y 28 de la ley 26.940, operando así el decaimiento de los beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la proporción de las contribuciones con destino a la seguridad social que resultaron exentas, más los intereses y multas correspondientes.

El régimen es optativo para el empleador, por lo que la falta de ejercicio de dicha opción a partir del inicio de la nueva relación laboral por tiempo indeterminado, obstará a que aquél pueda hacer uso retroactivo del mismo por el o los períodos en que no hubiese gozado del beneficio.

En los casos que mediante incrementos netos de personal, un empleador cuyo número base fuera de hasta QUINCE (15) trabajadores, superase esa cantidad mantendrá, por los incrementos que hubiere efectuado anteriormente, los beneficios de no pagar contribuciones patronales durante los primeros 12 meses, y el 25% de las contribuciones patronales durante los segundos 12 meses de relación laboral.

En cambio, por los nuevos trabajadores que superen la mencionada dotación y hasta el máximo de OCHENTA (80) trabajadores, gozarán de los beneficios de reducción del 50% de las contribuciones patronales durante los 24 meses de vigencia de la relación laboral.

Cuando mediante incrementos netos de personal, un empleador superase la cantidad de OCHENTA (80) trabajadores mantendrá, por los incrementos que hubiere efectuado anteriormente, los beneficios previstos en la ley. Y por los nuevos trabajadores que superen la mencionada dotación, no gozará de beneficio alguno.

Los códigos de la AFIP que deben utilizar los empleadores para declarar a los trabajadores comprendidos en el régimen son los siguientes:

  • 307 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Primeros 12 meses. Tiempo indeterminado.
  • 308 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Primeros 12 meses. Tiempo indeterminado Trabajador discapacitado Art. 34 Ley 24147.
  • 309 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Primeros 12 meses. Tiempo indeterminado Trabajador discapacitado Art. 87 Ley 24013.
  • 310 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Segundos 12 meses. Tiempo indeterminado.
  • 311 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Segundos 12 meses. Tiempo indeterminado. Trabajador discapacitado Art. 34 Ley 24147.
  • 312 Art. 24 Ley 26940. Hasta 15 empleados. Segundos 12 meses. Tiempo indeterminado. Trabajador discapacitado Art. 87 Ley 24013.
  • 313 Art. 24 Ley 26940. 16 a 80 empleados. Tiempo indeterminado.
  • 314 Art. 24 Ley 26940. 16 a 80 empleados. Tiempo indeterminado. Trabajador discapacitado art. 34 Ley 24147.
  • 315 Art. 24 Ley 26940. 16 a 80 empleados. Tiempo indeterminado. Trabajador discapacitado art. 87 Ley 24013.

 

Ver el Decreto 638/17

 

Dra. Victoria S. Reinoso

Contadora Pública Nacional y Perito Partidora, Egresada U.N. Cuyo, con más de 8 años de experiencia en liquidación de sueldos en estudios contables de la Ciudad de Mendoza

vreinoso@tgya.com.ar

Fuente: Dra. Victoria S. Reinoso

Modificación del Procedimiento de Acceso al Régimen de Consulta Vinculante para Solicitar la Interpretación Técnica de Normativa Relacionada con la Determinación de Impuestos y de Recursos de la Seguridad Social.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4123-E

Procedimiento. Régimen de consulta vinculante incorporado a continuación del Artículo 4° Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Resolución General N° 1.948. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 06/09/2017

VISTO la Resolución General N° 1.948, y

CONSIDERANDO:

Que la citada resolución general reglamentó el procedimiento y las formalidades que deberán observarse para acceder al régimen de consulta vinculante incorporado a continuación del Artículo 4° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que posibilita a los contribuyentes y responsables solicitar, con alcance individual y en casos concretos, la interpretación técnica respecto de la normativa legal y reglamentaria relacionada con la determinación de los impuestos y de los recursos de la seguridad social.

Que en función de la experiencia habida con motivo de su aplicación y la generalización de las comunicaciones por vía informática que posibilitan la efectiva y oportuna notificación de los actos administrativos a los contribuyentes y/o responsables, afianzando la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los mismos, resulta aconsejable introducir modificaciones a dicho régimen de consulta.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Impositiva y Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social, y las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 4° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 1.948, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el inciso c) del Artículo 3°, por el siguiente:

“c) Se hallen sometidos a un procedimiento de fiscalización debidamente notificado al responsable, respecto del mismo gravamen o recurso de la seguridad social por el que se pretende efectuar la consulta, o esta última se refiera a temas relacionados con una determinación de oficio o de deuda en trámite, o con un recurso interpuesto en sede administrativa, contencioso-administrativa o judicial, o con una resolución administrativa o fallo de cualquier instancia firmes respecto del mismo consultante.

Dicha limitación operará aun cuando la fiscalización, determinación, recurso, resolución administrativa o fallo se refieran a períodos fiscales distintos al involucrado en la consulta.”.

2. Sustitúyese el inciso b) del Artículo 4°, por el siguiente:

“b) Quienes obtengan las ganancias de la cuarta categoría previstas en el Artículo 79 incisos b) y c) de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.”.

3. Incorpórase como inciso c) del Artículo 5°, el siguiente:

“c) Constituir y mantener ante esta Administración Federal el Domicilio Fiscal Electrónico. Para ello, se deberá manifestar la voluntad expresa mediante la aceptación y transmisión vía “Internet” de la fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su complementaria. A tal fin, ingresará al servicio “e-ventanilla” mediante Clave Fiscal.”.

4. Sustitúyese el Artículo 8°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 8°.- Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por los Artículos 3°, 4°, 5° y 7°, la Subdirección General competente para resolver la consulta declarará formalmente admisible la misma -mediante nota cuyo modelo se consigna en el Anexo de la presente- y notificará dicha decisión al presentante, conforme a lo previsto por el Artículo 100 inciso g) de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en el respectivo Domicilio Fiscal Electrónico.”.

5. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 12, por el siguiente:

“ARTÍCULO 12.- La opción por el presente régimen de consulta vinculante implica para el consultante la obligación de acatar estrictamente el criterio técnico-jurídico contenido en la respuesta de este Organismo y, en su caso, en la resolución dictada por el Ministerio de Hacienda en el recurso interpuesto.”.

6. Sustitúyese el Artículo 15, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15.- Las respuestas emanadas de este Organismo y, en su caso, las resoluciones dictadas en los recursos interpuestos ante el Ministerio de Hacienda, una vez firmes, serán publicados en la Biblioteca Electrónica y/o en el Boletín Impositivo, ambos de esta Administración Federal, conforme a lo previsto en el artículo incorporado a continuación del Artículo 4° de la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.”.

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones de la presente serán de aplicación para las consultas que se presenten a partir del décimoquinto día hábil administrativo siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.