AFIP RES. GRAL. 4157-E Nuevos Requisitos y Formalidades a Cumplir por las Entidades Exentas a los Fines de Solicitar o Renovar el Certificado de Exención en el Impuesto a las Ganancias.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 4157-E

Impuesto a las Ganancias. Entidades exentas. Artículo 20 de la ley del gravamen. Resolución General N° 2.681 y sus modificatorias. Su modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 16/11/2017

VISTO la Resolución General N° 2.681 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la resolución general del VISTO estableció el procedimiento a través del cual las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, deberán acreditar su condición de exentas en el referido gravamen.

Que en orden al objetivo de optimizar la función fiscalizadora y el control de las obligaciones tributarias por parte de este Organismo, resulta aconsejable incorporar nuevos requisitos y formalidades a cumplir por las entidades mencionadas a los fines de solicitar o renovar el certificado de exención en el impuesto a las ganancias ante esta Administración Federal.

Que asimismo, atendiendo a la precariedad de las estructuras y composición de las cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), resulta procedente habilitar a dichas entidades a utilizar el trámite simplificado para la obtención del certificado de exención.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Sistemas y Telecomunicaciones, de Servicios al Contribuyente, y de Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 34 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, aprobada por el Decreto Nº 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificaciones y por el Artículo 7º del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Resolución General N° 2.681 y sus modificatorias, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese el Artículo 3°, por el que se indica seguidamente:

“ARTÍCULO 3°.- El certificado podrá solicitarse siempre que, a la fecha de presentación, las entidades reúnan los requisitos que seguidamente se detallan:

a) Poseer la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) con estado administrativo “Activo: Sin Limitaciones”, en los términos de la Resolución General N° 3.832 y su modificatoria.

b) Poseer el alta en el impuesto a las ganancias y -de corresponder- en el impuesto al valor agregado.

c) Tener actualizada la información respecto a su forma jurídica de acuerdo con su funcionamiento institucional y operativo, el mes de cierre del ejercicio fiscal y la o las actividades económicas por las cuales se solicita el beneficio, conforme a los códigos previstos en el “Clasificador de Actividades Económicas” -Formulario N° 883- aprobado por la Resolución General N° 3.537.

d) Tener actualizado el domicilio fiscal declarado, así como el domicilio de los locales y/o establecimientos, conforme a lo dispuesto por las Resoluciones Generales N° 10 y N° 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias, y que el mismo se encuentre confirmado por este Organismo.

e) Haber cumplido -de corresponder- con la presentación de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado y de los recursos de la seguridad social de los últimos DOCE (12) períodos fiscales, o las que corresponda presentar desde el inicio de la actividad, vencidas con anterioridad a la fecha de interposición de la solicitud.

f) Haber cumplido -de corresponder- con la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el informe para fines fiscales y los Estados Contables, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Resolución General N° 3.077, su modificatoria y sus complementarias, vencidos a la fecha de la solicitud.

g) Haber cumplido con los regímenes de información previstos por la Resolución General Nº 3.293 y su complementaria.

h) Presentar, cuando por las características de la entidad -ya sea por su estructura jurídica, por su actividad o por la magnitud de la misma- se la hubiera eximido de llevar un sistema contable que les permita confeccionar Estados Contables, un informe o estado de situación con el detalle de los Recursos y Gastos incurridos en el año calendario inmediato anterior a la fecha de solicitud del certificado, suscripto por el órgano superior o de administración correspondiente, de acuerdo con el modelo obrante en el Anexo V.

La obligación establecida en este inciso deberá cumplirse a través del servicio denominado “Presentación Única de Balances – (PUB)” del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), al que se accederá mediante la utilización de la “Clave Fiscal” obtenida conforme lo previsto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias.

i) No se trate de contribuyentes en los que sus representantes, administradores, o quienes ocupen cargos equivalentes, hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en las Leyes N° 22.415, N° 23.771 y N° 24.769 y sus respectivas modificaciones, según corresponda, y se les hubiere dictado la prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente.”.

2. Sustitúyese el inciso i) del Artículo 7°, por el siguiente:

“i) Cooperativas de trabajo inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) creado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social, por el Decreto Nº 189 del 13 de febrero de 2004.”.

3. Incorpórase como inciso j) del Artículo 7°, el siguiente:

“j) Contribuyentes no incluidos en los incisos anteriores que, a la fecha de presentación de la solicitud, registren menos de DOCE (12) meses de actividad contados desde la fecha de inscripción, conforme a las disposiciones de las Resoluciones Generales N° 10, sus modificatorias y complementarias, y N° 2.337, su modificatoria y complementaria.”.

4. Sustitúyese el Artículo 21, por el que se indica seguidamente:

“ARTÍCULO 21.- La mencionada renovación procederá siempre que, a la fecha en la cual se ejecute el proceso de control previsto en el artículo anterior, se verifique por parte de las entidades mencionadas en este último, el cumplimiento de los requisitos dispuestos por el Artículo 3° y de los que a continuación se detallan:

a) Haber dado cumplimiento -cuando corresponda- a las obligaciones referidas al régimen de información establecido para los donatarios en el inciso c) del Artículo 35 de la presente, vencidas a la fecha de la renovación.

b) Haber constituido y mantener actualizado ante esta Administración Federal el domicilio fiscal electrónico. Para ello, las entidades deberán manifestar su voluntad expresa mediante la aceptación y transmisión vía “Internet” de la fórmula de adhesión aprobada en el Anexo IV de la Resolución General N° 2.109, sus modificatorias y su complementaria. A tal fin, dichos sujetos deberán ingresar con la “Clave Fiscal” otorgada por este Organismo, conforme lo previsto por la Resolución General N° 3.713 y sus modificatorias, al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico”.

c) Haber utilizado, respecto de los ingresos o cobros, totales o parciales, recibidos por cualquier concepto (cuotas sociales, aportes, donaciones, préstamos, prestaciones por servicios, ventas realizadas, otros cobros, etc.) por las operaciones o transacciones realizadas desde la fecha de otorgamiento del certificado vigente, por montos iguales o superiores a DIEZ MIL PESOS ($10.000.-), alguna de las siguientes modalidades:

1. Depósito bancario.

2. Giro o transferencia bancaria.

3. Débito en cuenta a través de cajero automático.

4. Débito directo en cuenta bancaria.

5. Pago electrónico mediante la utilización de tarjeta de crédito y/o débito.

6. Cualquier otro medio de pago electrónico admitido o regulado por el Banco Central de la República Argentina.

A efectos de acreditar dicho requisito, se deberá manifestar expresamente su cumplimiento mediante nota – con carácter de declaración jurada- emitida y suscripta por el responsable de la entidad, según el modelo obrante en el Anexo VI, la que deberá contar con certificación de contador público independiente, con firma autenticada por el consejo profesional o, en su caso, colegio o entidad en la que se encuentre matriculado.

No resultan obligados a cumplimentar el requisito de presentación de la certificación de contador público independiente, las asociaciones de bomberos voluntarios oficialmente reconocidas y los sujetos indicados en los incisos b), d), f) y h) del Artículo 7°.

La manifestación expresa mencionada en el segundo párrafo del inciso c) deberá cumplirse hasta los NOVENTA (90) días corridos anteriores a la fecha de vencimiento del certificado vigente, a través del servicio denominado “Presentación Única de Balances – (PUB)” del sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar), al que se accederá mediante la utilización de la “Clave Fiscal” habilitada, como mínimo con Nivel de Seguridad 2, adjuntando la nota aludida en un solo archivo en formato “.pdf”.

Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá el carácter de acuse de recibo.”.

5. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 26, por el siguiente:

“ARTÍCULO 26.- Las entidades con certificados de exención vigentes para el período fiscal de que se trate, deberán presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias, el informe para fines fiscales y los Estados Contables o -en su caso- el informe o estado de situación con el detalle de los Recursos y Gastos a que se refiere el inciso h) del Artículo 3°, en los plazos previstos en el Artículo 6º de la Resolución General N° 3.077, su modificatoria y sus complementarias.”.

6. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 27, por el siguiente:

“ARTÍCULO 27.- Los sujetos indicados en los incisos b), c), d), e), f), g) y h) del Artículo 7º, quedan exceptuados de cumplir con la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias y del informe para fines fiscales, mencionados en el artículo anterior.”.

7. Incorpórase como inciso k) del Apartado B. del Anexo I, el siguiente:

“k) Cooperativas de trabajo:

– Copia de la inscripción en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES) creado por el Decreto Nº 189 del 13 de febrero de 2004.”.

8. Incorpóranse como Anexo V y Anexo VI, los que como Anexo I (IF-2017-28614839-APN -AFIP) y Anexo II (IF-2017-28620251-APN-AFIP), respectivamente, se aprueban y forman parte de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Las disposiciones de la presente resolución general entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial, y resultarán de aplicación para las solicitudes de reconocimiento de exención que se presenten a partir del 1 de marzo de 2018 y las renovaciones de certificados de exención con vencimiento a partir de la última fecha mencionada.

No obstante, el requisito previsto en el primer párrafo del inciso c) del Artículo 21 de la Resolución General N° 2.681 y sus modificatorias, será de aplicación respecto de los ingresos o cobros que se produzcan en los ejercicios que se inicien a partir de la referida fecha de vigencia.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

Resolución GENERAL 2681/2009   ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
28-sep-2009 (texto actualizado)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

ENTIDADES EXENTAS

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 17/11/2017 N° 89479/17 v. 17/11/2017

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial.)

ANEXO I (Artículo 1°)

 

 

IF-2017-28614839-APN-AFIP

 

ANEXO II (Artículo 1°)

 

 

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Fin del misterio: se aplicará nuevo impuesto a la renta financiera

La reforma impositiva se presentará mañana en sociedad y ante los gobernadores en la reunión del 9 de noviembre. Mientras tanto, Mauricio Macri dará hoy los lineamientos generales y llamará a la clase política y económica a que la apoye, aunque muchos se sientan en parte defraudados, porque tendrán una mayor presión tributaria. Será el caso, finalmente, de la renta financiera, que será incluida en el proyecto de ley, aunque con limitaciones. También habrá, como lo adelantó este diario, más tributos internos y la posibilidad de tomar a cuenta de ganancias al menos parte del impuesto al cheque.

La reforma se aplicará en cuatro años, comenzando, en el caso que el Congreso la apruebe tal como está ya redactada, en el ejercicio 2018, con lo que la mayor parte de los cambios comenzará a notarse en la sociedad en 2019. Siguiendo los plazos, la finalización de las modificaciones se sentirán en 2022.

La línea fina del proyecto será presentada mañana en el Ministerio de Hacienda por el dueño de casa, Nicolás Dujovne. Como viene insistiendo el Gobierno desde que comenzó a hablar del tema, se trata de un proyecto fiscalmente conservador que busca, básicamente, que no se pierda recaudación. En otras palabras, si la sociedad en general está esperando una baja generalizada en la presión tributaria que hoy supera el 45% general, se verá defraudada. Sí puede haber buenas noticias para el sector privado industrial, que tendrá si elige reinvertir resultados tendrá una baja en la presión impositiva de 35% a 25%, de manera gradual y en un plazo de 4 años.

Renta financiera será considerado como un impuesto nuevo, no relacionable con Ganancias ni con el IVA. Tendrá, al menos en una primera etapa, una alícuota del 5% que se le añadirá a la rentabilidad que obtengan a algunos de los inversores del sistema financiero al finalizar la operación. Se aplicará a las operaciones por más de 1,4 o 1,5 millones de pesos (el monto se definirá a último momento) o a los intereses que superen una rentabilidad de 55.000 pesos. Estarán incluidos en el nuevo impuesto los tenedores de depósitos a plazos y títulos como Lebac (se estudia aún si el resto de las colocaciones en bonos locales ingresarán), pero quedará fuera la compra y venta de acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Por su parte, la distribución de dividendos de las empresas cotizantes pagarán los impuestos correspondientes, que también se proponen modificar con la nueva ley. El impuesto aplicará en las operaciones que comiencen a vencer luego de su aplicación efectiva, y se estudia aún si una renovación exactamente igual al vencimiento queda o no dentro del nuevo impuesto. Renta financiera será coparticipado, con lo cual, se descarta, tendrá una larga vida en el sistema tributario argentino. Estarán también grabados las ADR en el momento de ser declaradas como renta por los inversores locales.

El anuncio de la creación del nuevo tributo sería uno de los capítulos del mensaje de hoy de Mauricio Macri en el CCK a legisladores, gobernadores, empresarios y sindicalistas y busca un doble efecto. Por un lado, obviamente, aumentar la recaudación,incluyendo una medida que a priori sería impensada en un Gobierno de centroderecha y, en teoría, friendly hacia el sistema financiero. De hecho el kirchnerismo, pese a amenazar y amagar varias veces, nunca avanzó seriamente con un impuesto de este tipo. Pero, además, el macrismo busca un golpe de efecto político hacia parte de la oposición, especialmente el massismo, que siempre impulsó este impuesto como cambio imprescindible en cualquier esquema fiscal equitativo. Piensa el Gobierno que con esta iniciativa los votos de varios bloques legislativos a favor de la reforma deberían estar garantizados.

Una parte (pequeña) del impuesto al cheque podrá ser tomada a cuenta de Ganancias, tanto por los trabajadores en relación de dependencia como los autónomos y monotributistas, pero sólo en los créditos (no débitos). La idea es que se aplique una alícuota de no más del 0,5%; con una presión total que hoy llega al 1,2%.

La reforma propone cambios importantes en impuestos internos y en el IVA para sectores con presión impositiva. En el primer caso se aplicarán nuevas alícuotas (y obviamente más altas) a las cervezas, vinos, bebidas espirituosas y al champagne (que por algún motivo misterioso tiene baja presión) y, también, a las gaseosas, bebidas isotónicas y aguas saborizadas. Se estudia también aplicar impuestos mayores sobre los cigarrillos. Comenzarán a pagar IVA del 21% a los sectores de servicios por internet pagados en el país (tengan o no residencia en la Argentina), lo que incluye Netflix o Spotify, así como los contratos en el comercio electrónico de servicios intangibles en portales como Mercado Libre, OLX, Alamaula, etc.

Por iniciativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se incluirá también una nueva ley de “Revalúo”, que incluye un nuevo mecanismo de actualización de los activos que están alcanzados para calcular los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, y que incluyen inmuebles de todo tipo, bienes muebles amortizables, vehículos de todo tipo, acciones y participaciones accionarias en empresas de cotización cerrada, derechos de todo tipo (incluyendo a autor y concesiones), obras de arte y de colección, etc. Este “revalúo” incluye tanto a empresas como particulares y se aplicará sobre ejercicio vencido. Esto es, si la ley se aprueba en 2018 se comienza a ejecutar en 2019. Las alícuotas que se aplicarán irán de 5% a 15%, dependiendo el bien que se “revalúe”. Este mecanismo deberá ser interpretado como una alternativa a la aplicación del “ajuste por inflación” que está suspendido por ley desde 1992 desde la misma creación de la ley de convertibilidad. Se estima que la aplicación del nuevo esquema impactaría entre el 5% y 10% del valor del bien y debería aplicar los reclamos de los privados.

FUENTE: AMBITO.COM

AFIP prorroga un mes el plazo para adherir al puente fiscal

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prorrogó hasta el 30 de noviembre inclusive el Puente Fiscal, que vencía originalmente el próximo martes.

El Puente Fiscal es un plan de pagos sirve para cancelar las obligaciones impositivas, de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, así como de sus respectivos intereses.

El plan de facilidades tiene como objetivo complementar el saneamiento financiero de las empresas que no pudieron cancelar sus compromisos a través de los Planes Permanentes de Financiación o con la Moratoria comprendida en el Sinceramiento Fiscal, y permite refinanciar deudas corrientes desde el 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017.

La medida apunta a facilitar la adhesión de quienes tengan deudas impositivas y aún no hayan podido regularizar su situación.

FUENTE: ELCRONISTA.COM

Vidal baja Ingresos Brutos y Sellos, pero sube Inmobiliario (56% promedio)

ENVÍAN PRESUPUESTO 2018 Y LEY TRIBUTARIA; RESIGNA ASÍ $ 10 MIL MILLONES
En línea con Nación, avanza en bajar la presión tributaria, con hincapié en el sector productivo. Pero actualizará valor fiscal de los inmuebles. Pedido de endeudamiento por $58.890 M.

Clausurado ya el frenesí electoral, el Gobierno de María Eugenia Vidal puso el pie en el acelerador de la gestión y envió anoche a la Legislatura los proyectos de Presupuesto 2018 y de Ley Impositiva, además de una tercera iniciativa que impulsa la adhesión de los municipios a una estricta Ley de Responsabilidad Fiscal provincial.

La norma tributaria incluye un extendido diagrama de reducción en los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos -claramente más profundo que el de este año, y con hincapié en los sectores productivos-, en línea con la intención, compartida con la Casa Rosada, de avanzar en una disminución gradual de la presión tributaria, que caerá así en el caso bonaerense de 5,8% del producto provincial (este año) a 5,5% (en 2018).

Pero, en cambio, el Gobierno de Vidal avanzará en una actualización de las valuaciones fiscales de tierras, con topes, lo que derivará en 2018 en un incremento en el impuesto Inmobiliario Urbano del 56% promedio, y del Inmobiliario Rural del 50%. Este año fue del 36%.

En el balance de subas y bajas, el costo fiscal del paquete impositivo -lo que Buenos Aires dejará de recaudar- será del orden de los $10 mil millones.

En paralelo, otra andanada de proyectos -que augura rispideces con la oposición y con gremios- recaerá en el Parlamento desde la semana que viene (ver aparte).

La pretensión es intentar que todos sean aprobados antes del recambio del 10 de diciembre, pese a que luego el recinto le será más favorable a Cambiemos.

En 2016 no logró prosperar el intento de Vidal de aplicar un revalúo de tierras rurales y urbanas, y se mantiene la valuación fiscal de hace 12 años, en el segundo caso.

“Los patrimoniales están muy retrasados; hoy recaudamos más de Automotor que de Inmobiliario, y la masa de autos de la provincia vale más que las propiedades para el fisco”, graficó ayer el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, en un diálogo con periodistas en la sede porteña del BAPRO, al que asistió Ámbito Financiero.

Por eso -afirmó- pondrán al día las valuaciones fiscales. “Más que revalúo lo llamo actualización, que se hará todo junto pero con topes, de acuerdo al valor de la propiedad, de entre 40% y 75%”, dijo, respecto de la evolución que mostrará el Inmobiliario.

Hoy -explicó- se paga en la provincia 11 pesos anuales de Inmobiliario Urbano por metro cuadrado, mientras que ese valor escala a 147 pesos anuales por hectárea en zonas ganaderas y a $527 pesos anuales por hectárea en el núcleo agrícola más fuerte.

“Por primera vez en muchas décadas, al mismo tiempo el año que viene va a bajar el déficit, va a subir la inversión en obra pública y van a bajar los impuestos”, destacó Lacunza. El presupuesto -que signará el tercer año de mandato de Vidal- determina ingresos por $599 mil millones, gastos por $630 mil millones (la mitad son salarios) y un déficit de $30.900 millones.

También precisa que la deuda solicitada a la Legislatura será de $58.890 millones, que es el 1,3% del producto provincial (los años precedentes fueron del 1,4%, y del 2%). El destino de la deuda es -casi en partes iguales- el financiamiento de infraestructura y el pago de vencimientos de deuda. El plan de gastos 2017 incluyó un pedido de deuda de cerca de $52 mil millones, aunque la solicitud inicial fue de $90 mil millones.

Lacunza precisó además que la provincia tiene superávit corriente y déficit financiero, que se explica por la inversión. Y que el mayor incremento de recursos estará destinado a Desarrollo Social (33%), Infraestructura (22%) y Salud (19%).

Para este año hay un déficit proyectado de 0,73% del producto geográfico provincial, mientras que el año que viene va a ser presupuestado en 0,68%. En 2015 y 2016 fue del 1% del producto.

FUENTE:AMBITO.COM

Resolución General-E 4150/2017 AFIP:OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO – SU IMPLEMENTACION

DENOMINESE “OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO” (OEA) AL PROGRAMA IMPLEMENTADO POR LA PRESENTE, CONFORME LOS LINEAMIENTOS EMANADOS DE LAS DIRECTRICES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), MEDIANTE EL MARCO NORMATIVO PARA ASEGURAR Y FACILITAR EL COMERCIO GLOBAL (SAFE), EN SU ANEXO IV. DEROGANSE LA RESOLUCION GENERAL N° 2.350 Y LAS NOTAS EXTERNAS.

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4150-E

Operador Económico Autorizado (OEA). Su implementación.

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2017

VISTO el marco normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE) y la Resolución General N° 2.350 y sus complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que el citado marco normativo estableció principios y normas para que los países miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) los adopten como lineamientos básicos.

Que, en concordancia con el Marco Normativo SAFE, mediante el dictado de la Resolución General N° 2.350 y sus complementarias, esta Administración Federal ha iniciado el programa denominado Sistema Aduanero de Operadores Confiables (SAOC), por el cual los operadores que reúnan los requisitos establecidos pueden acceder a importantes beneficios que les permiten optimizar la gestión de sus operaciones de comercio exterior.

Que resulta necesario impulsar la reingeniería y modernización de los procedimientos y sistemas existentes en materia de seguridad y facilitación de la cadena logística, tendiente a preservar la integridad de la carga, en consonancia con las exigencias internacionales del comercio global.

Que, en este contexto de modernización y mejora, corresponde ampliar el alcance del actual Sistema Aduanero de Operadores Confiables (SAOC) a las operaciones de importación.

Que, la reseñada modificación, permitirá la celebración de Acuerdos de Reconocimiento Mutuos (ARM) con servicios aduaneros de otros países.

Que, a esos fines, y sobre la base del concepto de confiabilidad fiscal no desmentida, conforme los lineamientos emanados de las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) (Anexo al Doc. SP0218F1a, referente a Operadores Económicos Autorizados, suscripto en Bruselas el 09 de junio de 2006 y Anexo III al Doc. LF00351a), corresponde implementar un programa denominado “Operador Económico Autorizado” (OEA), el cual receptará los actuales operadores del Sistema Aduanero de Operadores Confiables (SAOC), entre otros.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Control Aduanero, Técnico Legal Aduanera, de Operaciones Aduaneras Metropolitas, de Operaciones Aduaneras del Interior, de Recaudación y de Sistemas y Telecomunicaciones y la Dirección General de Aduanas.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Denomínese “Operador Económico Autorizado” (OEA) al programa implementado por la presente, conforme los lineamientos emanados de las directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), mediante el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE), en su Anexo IV.

Por dicho concepto se entenderá el debido cumplimiento de las obligaciones aduaneras, impositivas y de los recursos de la seguridad social, así como también la seguridad de las mercaderías y la integridad de la cadena logística.

ARTÍCULO 2°.- El operador de comercio exterior que opte por solicitar su adhesión como OEA deberá, a la fecha de formalizar la solicitud, encontrarse habilitado y poseer una antigüedad igual o superior a los TRES (3) años en el Registro Especial Aduanero de Importador/Exportador, de la Resolución General N° 2.570 y sus modificatorias.

Por otra parte, deberá poseer un patrimonio neto igual o superior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN (U$S 1.000.000) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vendedor a la fecha de presentación de la solicitud, según los datos consignados en la última declaración jurada del impuesto a las ganancias vencida a dicha fecha y presentada hasta el mes de vencimiento general establecido por este Organismo; o constituir garantía a satisfacción de esta Administración Federal no inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vendedor a la fecha de presentación de la solicitud, conforme lo establecido por la Resolución General N° 3.885 y sus modificatorias.

A esos fines, observará el procedimiento de solicitud que se consigna en el Anexo I (IF-2017-25583706-APN-AFIP) que se aprueba y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 3°.- La adhesión al OEA podrá efectuarse para:

a) Operaciones de importación de mercaderías para la realización de un proceso productivo, originarias en países con los que la República Argentina no posee Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

b) Operaciones de importación de mercaderías originarias en países con los que la República Argentina posee Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.

c) Operaciones de importación efectuadas por un Importador/Exportador usuario del Régimen de Aduanas Domiciliarias.

d) Todas las operaciones de exportación efectuadas por un Importador/Exportador.

En relación a ello, la Dirección General de Aduanas determinará aquellas mercaderías que, por sus características, no podrán ser documentadas al amparo del programa OEA.

ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de Aduanas determinará la aceptación o rechazo de la solicitud presentada y notificará su resolución mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), en los términos de la Resolución General N° 3.474 y su modificatoria.

ARTÍCULO 5°.- El Importador/Exportador adherido al programa OEA será categorizado, de acuerdo a los requisitos que se consignan en el Anexo II (IF-2017-25584363-APN- AFIP) que se aprueba y forma parte de la presente, los cuales deberán cumplimentar los operadores, ello toda vez que el citado anexo se refiere a aspectos vinculados a la seguridad de la carga y de los socios comerciales, sistema de registros comerciales, solvencia financiera, confiabilidad fiscal, de ineludible interés fiscal y de control para el Organismo como contrapartida del programa OEA que se impulsa. Las categorías OEA serán las que se indican a continuación:

– Nivel “A”: Operador Económico Autorizado Pleno.

– Nivel “B”: Operador Económico Autorizado Simplificación y Monitoreo.

Los beneficios específicos mínimos del OEA, conforme la categoría en la que se encontrare, serán los consignados en el Anexo III (IF-2017-25584827-APN-AFIP) que se aprueba y forma parte de la presente. La Dirección General de Aduanas podrá ampliar los beneficios referidos, los que serán publicados en el micrositio “OEA” http://www.afip.gob.ar/genericos/micrositios/ del sitio “web” de esta Administración Federal.

Asimismo, serán publicados en el referido micrositio, los procedimientos relativos a las operaciones de importación y exportación, según la categoría del OEA de que se trate.

ARTÍCULO 6°.- El OEA categorizado en el Nivel “B”, que hubiera efectuado operaciones en el programa OEA por el plazo de DOS (2) años sin haber registrado ningún incumplimiento, podrá solicitar a la Dirección General de Aduanas su recategorización al Nivel “A”.

ARTÍCULO 7°.- El OEA deberá cumplir las obligaciones que se consignan en el Anexo IV (IF-2017-25585302-APN-AFIP) que se aprueba y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 8°.- Las actualizaciones efectuadas al micrositio “OEA” http://www.afip.gob.ar/genericos/micrositios/ serán notificadas al OEA mediante el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), en los términos de la Resolución General N° 3.474 y su modificatoria.

ARTÍCULO 9°.- Los exportadores que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se encontraren habilitados y en capacidad de operar en el Sistema Aduanero de Operadores Confiables (SAOC), conforme lo establecido por la Resolución General N° 2.350 y sus complementarias, serán categorizados en el Nivel “A” del Artículo 5° de la presente, esta incorporación automática se limita únicamente a las operaciones de exportación de estos operadores. Asimismo, los referidos operadores podrán solicitar la incorporación al programa OEA -Nivel “A”- de sus operaciones de importación.

ARTÍCULO 10.- Los usuarios del Régimen de Aduanas Domiciliarias, establecido por la Resolución General N° 596 y sus modificatorias, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se encontraren operando en el mismo, podrán solicitar su categorización en el Nivel “A” del Artículo 5° de la presente.

ARTÍCULO 11.- Modifícase el Anexo “Manual del Usuario del Sistema Registral” de la Resolución General N° 2.570 y sus modificatorias, en la forma que se detalla seguidamente:

– Incorpórase en el punto 10 “Requisitos Particulares”, el cuadro correspondiente al Operador Económico Autorizado (OEA), el cual se consigna en el Anexo V (IF-2017-25585715-APN-AFIP), que se aprueba y forma parte de la presente.

ARTÍCULO 12.- Deróganse la Resolución General N° 2.350 y las Notas Externas N° 37 del 18 de agosto de 2006 (DGA), N° 50 del 28 de septiembre de 2006 (DGA), N° 48 del 10 de julio de 2008 (DGA), N° 3 del 2 de febrero de 2009 (DGA) y N° 37 del 22 de abril de 2009 (DGA) y la Instrucción N° 9 del 13 de noviembre de 2009 (DGA).

ARTÍCULO 13.- Esta resolución general entrará en vigencia a partir del primer día hábil administrativo inmediato siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

ARTÍCULO 14.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, difúndase a través del Boletín de la Dirección General de Aduanas y archívese. — Alberto R. Abad.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución General se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar- y también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

e. 27/10/2017 N° 82708/17 v. 27/10/2017

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: AnexoI, AnexoII, AnexoIII, AnexoIV, AnexoV)

N° 37 DEL 18 DE AGOSTO DE 2006 (DGA), N° 50 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006 (DGA), N° 48 DEL 10 DE JULIO DE 2008 (DGA), N° 3 DEL 2 DE FEBRERO DE 2009 (DGA) Y N° 37 DEL 22 DE ABRIL DE 2009 (DGA) Y LA INSTRUCCION N° 9 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2009 (DGA).

FUENTE: INFOLEG

AFIP: Resolución General 4148-E Procedimiento. Régimen de facilidades de pago.Adecuaciones formales.

Adecuaciones a las Formalidades, Plazos y Condiciones para Solicitar la Adhesión al Régimen de Facilidades de Pago de Deudas Impositivas y de los Recursos de la Seguridad Social Vencidas entre el 1/06/2016 y el 31/05/2017.
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Resolución General 4148-E

Procedimiento. Régimen de facilidades de pago. Obligaciones vencidas entre el 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017. Resolución General N° 4.099-E y su modificación. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 26/10/2017

VISTO la Resolución general N° 4.099-E y su modificación, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la citada norma se establecieron las formalidades, plazos y demás condiciones que deberán observar los administrados para solicitar la adhesión al régimen de facilidades de pago, a fin de regularizar las deudas correspondientes a obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, retenciones y percepciones, así como sus respectivos intereses, vencidas entre los días 1 de junio de 2016 y 31 de mayo de 2017, ambos inclusive, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de este Organismo.

Que razones de administración tributaria aconsejan efectuar determinadas adecuaciones a la norma del Visto, sin que ello altere la finalidad y objetivos perseguidos por el aludido régimen.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, de Sistemas y Telecomunicaciones y de Servicios al Contribuyente, y las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones y el Artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modifícase la Resolución General N° 4.099-E y su modificación, en la forma que se indica a continuación:

1. Sustitúyese en el punto 2. del inciso f) del Artículo 5° la expresión “…entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de octubre de 2017, ambas fechas inclusive:…”, por la expresión “… entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive:…”.

2. Sustitúyese el Artículo 19, por el siguiente:

“ARTÍCULO 19.- Los planes de facilidades de pago que se establecen por esta resolución general podrán presentarse desde el día 1 de agosto de 2017 hasta el día 30 de noviembre de 2017, ambos inclusive.”.

ARTÍCULO 2°.- Las disposiciones establecidas en la presente resultarán de aplicación a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto R. Abad.

El Gobierno analiza gravar los plazos fijos mayores a $500.000 y las LEBAC

El impuesto sería de 25% sobre los intereses generados, según adelantaron a Infobae. En esta nota, los detalles de la reforma fiscal que lanzará el Poder Ejecutivo.

El Gobierno tiene todo preparado para aprobar la reforma impositiva antes de fin de año en el Congreso de la Nación. Es probable que el proyecto se discuta en sesiones extraordinarias en diciembre, en particular porque la nueva composición de las cámaras luego de las elecciones legislativas le permitiría a Cambiemos lograr su sanción sin dificultades.

El proyecto de Reforma Tributaria es una especie de Ley Ómnibus compuesto por cuatro iniciativas: el Revalúo Impositivo y Contable; la  prórroga hasta el 2019 del Impuesto a los Débitos y Créditos en cuentas bancarias; el impuesto a la renta financiera; y la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos en provincias y municipios, que será gradual hasta el 2019 en función del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Los dos primeros proyectos forman parte del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018, que ingresó al Congreso el 14 de septiembre pasado. Todavía faltan los principales detalles de los dos últimos, que están a cargo del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y su equipo.

El funcionario estuvo reunido ayer con el presidente Mauricio Macri y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana. Según pudo saber Infobae, lo más novedoso de la Reforma Tributaria es el revalúo fiscal al que algunas empresas entrarán o no de acuerdo a lo que hayan ganado en los últimos años, pagando una alícuota que irá del 5 al 15%, según el monto y el bien que se quiera actualizar por la inflación acumulada desde el 2001.

La gran duda es como será la aplicación del impuesto a la renta financiera. En principio, habría un impuesto del 25% sobre la ganancia que generen los depósitos superiores a los $500.000.  El impuesto también afectaría a las Letras del Banco Central de la República Argentina (LEBAC). El tema aún no fue definido por las diferencias que existen entre algunos integrantes del equipo económico.

El proyecto de Ley de Revalúo consta de 25 artículos. Con respecto a los bienes que podrían ingresar, el artículo 2 incluye:

-Inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio.

-Inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio.

-Bienes muebles amortizables (incluida la hacienda con fines de reproducción), quedando comprendidos los automóviles solo cuando su explotación constituya el objeto principal de la actividad.

-Acciones, cuotas y participaciones sociales, emitidas por sociedades constituidas en el país.

-Minas, canteras, bosques y bienes análogos.

-Bienes intangibles, incluidos los derechos de concesión y similares.

-Otros bienes no comprendidos en los incisos anteriores, conforme lo establezca la reglamentación, excepto bienes de cambio y automóviles.

“La alta inflación de los últimos años y la falta de ajuste de los valores de los bienes de uso en los balances de empresas es lo que ha llevado al Gobierno a realizar un revalúo fiscal que le puede generar una recaudación adicional que podría superar la del blanqueo”, manifestó a Infobae el especialista Iván Sasovsky.

El experto lo explicó de la siguiente manera: “Supongamos que una empresa tiene que vender un terreno que compró hace 12 años, tiene que pagar el Impuesto a las Ganancias de 35% por la diferencia entre el valor de compra y el de venta. El inconveniente es que esa diferencia está exagerada por la inflación en una década, de alrededor de 300%, según el índice que se tome. Esto implica que pagaría un 35% al momento de la venta por una ganancia que en realidad no se realizó”.

Lo que busca el proyecto del Gobierno es que para poder revaluar ese bien la empresa deberá pagar a la AFIP una alícuota que irá del 5 al 15%, de acuerdo al bien de que se trate. El artículo 9 del proyecto dispone que “el revalúo impositivo dispuesto estará sujeto a un impuesto especial que se aplicará sobre el Importe del Revalúo, respecto de todos los bienes revaluados”, conforme las siguientes alícuotas:

– Bienes inmuebles que no posean el carácter de bienes de cambio: 8%.

– Bienes inmuebles que posean el carácter de bienes de cambio: 15%.

– Acciones, cuotas y participaciones sociales poseídas por personas humanas o sucesiones indivisas: 5%.

– Resto de bienes: 10%.

El impuesto especial deberá ser determinado e ingresado en la forma, plazo y condiciones que se establezca. “Este proyecto de Ley de Revalúo Impositivo y Contable buscará sincerar balances de las empresas ya que en la actualidad los bienes están valuados al precio de compra y muy por debajo del valor actual, lo que significa que no se han podido ajustar por la inflación como se hacía antes del Plan de Convertibilidad de 1991 y el revalúo es una especie de ajuste por inflación”, informaron desde el Gobierno a Infobae. “La entrada en el revalúo será voluntaria”, destacó el funcionario. También habrá una especie de incentivo a las inversiones ya que se les dará a las empresas la opción de que ajusten de esa manera las nuevas inversiones.

En el Gobierno consideran que así como ocurrió con la ley de exteriorización y pago a los jubilados, el cobro de una tasa entre 5 y 15% para el revalúo de los bienes de uso podría generar una recaudación adicional equivalente a un 1% del PBI.

De acuerdo con lo previsto en el proyecto, los bienes revaluados serán actualizados conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y como fecha de inicio de las actualizaciones respectivas se dispone el 1° de enero de 2018 o el primer día del ejercicio fiscal siguiente.

Con respecto a las actualizaciones, el artículo 20 manifiesta: “Respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018, se realizarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que suministre el Indec, conforme las tablas que a esos fines elabore la AFIP”.

El segundo proyecto de esta Ley Ómnibus es el proyecto de Ley para prorrogar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias. El artículo 1 explicita que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2019 la vigencia del mismo. En tanto, el artículo 3 impone una novedad ya que dispone que “el 70 % de la recaudación de este impuesto se destinará a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)” y se dejará de enviar al Tesoro Nacional. El restante 30% se entrega a las provincias.

El tercer proyecto, que todavía no fue enviado al Congreso, es la propuesta de gravar la renta financiera. La iniciativa quedó en manos del presidente  Mauricio Macri, quien tendrá la última palabra y así dará por cerradas las internas en el Gobierno por esta cuestión. El oficialismo quiere dejar a la oposición —en particular, al Frente Renovador de Sergio Massa— sin posibilidades de presentar un proyecto alternativo.

El proyecto propone gravar los plazos fijos, las acciones y los bonos locales e internacionales. También el Gobierno quiere darle un espaldarazo a las empresas que inviertan en el país, con deducciones para quienes decidan reinvertir sus utilidades. De arranque, se prevé una baja de 10 puntos en el Impuesto a las Ganancias (de 35% a 25%), que será mayor y deducible en el caso de las inversiones. La compraventa de propiedades también está en el proyecto original, con el objetivo de compensar -en parte- la baja de la recaudación por el régimen especial de Ganancias para empresas. Esta medida tendrá un doble efecto: no solo la generación de un nuevo ingreso sino también darle mayor transparencia al mercado inmobiliario, particularmente al momento de escriturar.

Por último, dentro de la Reforma se encuentra el proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. El pasado 17 de agosto, el gobierno nacional y las provincias acordaron enviar al Congreso un proyecto que implicará mantener constante el gasto corriente primario en términos reales, que los cargos públicos solo aumenten en relación al incremento de la población, y evitar el aumento de gasto en los meses finales de mandato, entre otras medidas. El acuerdo fue alcanzado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y sus pares provinciales.

La iniciativa impone que todas las jurisdicciones del país mantengan constante el gasto corriente primario en términos reales y el gasto primario total en el caso de las deficitarias, o con servicios de deuda superiores al 15% de los recursos corrientes. Además, el gobierno nacional y las provincias se comprometen a no aumentar la relación de cargos ocupados en el sector público existente al 31 de diciembre de este año, respecto de la población proyectada de cada jurisdicción.

También se creará un llamado “Fondo Anticíclico Fiscal”, que será constituido por cada jurisdicción con los recursos excedentes en años en los que la balanza fiscal arroje superávit, y deberán utilizarse en situaciones excepcionales o de emergencia. Además, se incorporarán “pautas de fin de mandato” para restringir el incremento del gasto durante los últimos seis meses de gestión de cada gobierno. Por otra parte, la Nación y las provincias se comprometen a no aumentar la presión impositiva legal, en especial en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento.

El gobierno nacional se impuso bajar el déficit fiscal al 4,2% del PBI este año, al 3,2% en 2018, y 2,2% en 2019, y bajar la inflación anual a un solo dígito para el fin de mandato de Mauricio Macri.

FUENTE: INFOBAE.COM