LA AFIP Y LOS EMBARGOS DE CUENTAS BANCARIAS.

Más allá de la situación de fondo, el embargo de las cuentas bancarias es una experiencia por demás traumática, ya que por ínfimo que sea el importe de la supuesta deuda tributaria prácticamente imposibilita al contribuyente operar con sus cuentas mientras esté vigente dicha medida.

Una vez producido el embargo, el levantamiento de dicha medida lleva sus días, por más que haya sido solucionado en un plazo breve. No obstante, es bueno saber cómo evitar esta situación, o bien cómo desenvolverse frente a ella.

Como primera medida, debemos saber que el embargo de las cuentas bancarias de los contribuyentes, constituye una “medida cautelar” que la AFIP posee a su alcance, y que tiene como fi n garantizar el cobro de una acreencia que el organismo recaudador manifi esta tener, respecto de un determinado contribuyente. Como regla general, para que la AFIP pueda requerir a los bancos el embargo de cuentas bancarias de un contribuyente, debe existir previamente:

1) Una deuda determinada, líquida y exigible – es decir, “vencida”- y que no haya sido cancelada por el contribuyente con anterioridad a que la AFIP tome las medidas del caso.

2) Por otra parte, la AFIP tiene que haber iniciado el “Juicio de Ejecución Fiscal”,proceso judicial dentro del cual se disponen medidas precautorias tal como la tratada.

Deudas que originan el juicio de ejecución fiscal

Las deudas cuya falta de cancelación pueden originar el Juicio de Ejecución Fiscal comprende a todos los tributos que recauda la AFIP, sus anticipos, pagos a cuenta, intereses, multas y otras cargas impositivas y previsionales.

El juicio de ejecución fiscal

Frente a la falta de pago de una obligación tributaria determinada, líquida y exigible, la AFIP puede comenzar el proceso de cobro de la misma por vía judicial. A tal fi n, emite una “boleta de deuda” por el monto adeudado, que es utilizada por los abogados del fisco para comenzar el Juicio de Ejecución Fiscal, mediante su interposición en los Juzgados Federales. Es aquí donde nos encontramos con la gran sorpresa, ya que usualmente el inicio del juicio es notifi cado al contribuyentecon posterioridad a que la AFIP ha logrado efectivizar las medidas precautorias (por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias -que mediante el uso de sistemas informáticos y conexiones con el Banco Central logra realizar en “tiempo récord”).

Sin perjuicio de la cuestión relativa al embargo de cuentas bancarias, no debemos perder de vista el núcleo del asunto que da origen al embargo. Una vez que el contribuyente es fehacientemente notifi cado del inicio del juicio, corresponde analizar si es correcto que la AFIP haya iniciado el mismo. Al respecto, como todo proceso judicial, se permite al contribuyente ejercer su derecho de defensa.

Es así que puede oponer al juez las siguientes “excepciones”, que tienen por virtud finalizar el juicio sin consecuencias para el contribuyente:

1) Demostrar que la deuda reclamada judicialmente por la AFIP, ya ha sido cancelada, o bien ha sido incluida en un régimen de facilidades de pago vigente.

2) Alegar que la deuda se encuentra prescripta por el tiempo transcurrido.

3) Invocar que la “boleta de deuda” emitida por la AFIP adolece de defectos formales. En estos casos, comprobados los hechos por el juez, deberá archivar el juicio, asumiendo la AFIP con las costas y gastos del proceso incorrectamente iniciado.

Ahora bien, si no se invocan estas excepciones, o bien si son desechadas por el juez, el proceso judicial seguirá su curso, culminando con la sentencia que ordene el pago de la deuda ejecutada. De no cancelarse la misma, se ordenará a los bancos donde se encuentren embargados los fondos, su transferencia al banco de depósitos judiciales de la jurisdicción del juzgado interviniente en la causa (para luego ser transferidos a la AFIP), por un importe equivalente a lo reclamado judicialmente por el organismo recaudador, más los gastos y costas que origina el proceso judicial, tales como los honorarios del abogado del fisco y el aporte a su caja previsional, los gastos originados en la constitución de medidas precautorias, etc…

¿En qué momento se ordena el levantamiento de la traba de embargo?

Cuando el juicio finaliza producto de la regularización de la deuda mediante el pago de contado del capital adeudado (con más intereses y costas) o, acogimiento a un régimen de facilidades de pago (aprobado por la AFIP y cancelación de honorarios y costas).

Aclaraciones respecto al levantamiento del embargo

Si cancela la deuda (y las costas) mediante pago de contado, deberá comunicarlo al abogado (agente fiscal). El levantamiento se producirá una vez que se visualice la operación en los sistemas informáticos del Organismo.

Si se realiza un plan de pagos, se cancela únicamente el embargo bancario. Para cancelar el resto de los embargos trabados (automotores, inmuebles, inhibiciones), deberá abonar íntegramente toda la deuda del juicio.

Una vez que usted abona la última cuotadel plan de pagos, deberá comunicárselo al abogado (agente fi scal), para que le entregue los formularios cancelatorios para ser presentados en los organismos pertinentes, para que se levanten los embargos.

Se debe tener en cuenta que para el caso de las deudas previsionales si bien no son menos importantes que las impositivas, se aconseja darles prioridad ya que al ser aportes de los trabajadores, entre otros, estos deben ser depositados en las arcas fiscales, ya que corren con mayor frecuencia al sometimiento de estas situaciones de embargo.

Fuente: Cr. Adrián Álvarez Moreno

Convenios de Trabajo Camioneros. Nuevos acuerdos salariales

Por: Elsa Rivero

El Ministerio de Trabajo homologó dos nuevos acuerdos salariales para los trabajadores del Convenio de Trabajo 40/89 camioneros.

El acuerdo 1610/16 fue firmado por la Federación Nacional de trabajadores camioneros y obreros del transporte automotor de cargas, logística y servicios y la Federación Argentina de entidades empresarias del autotransporte de cargas (FADEEAC).

Se acordó otorgar una asignación extraordinaria no remunerativa de $ 7260, la misma será abonada a los trabajadores en relación de dependencia que presten servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Esta suma será abonada en cuatro cuotas iguales de $ 1815 cada una, pagaderas junto con las remuneraciones de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2017.

El acuerdo 1611/16 firmado por las mismas entidades, fijó una asignación extraordinaria no remunerativa de $ 5480, la que será abonada a los trabajadores que presten servicios en todo el país. La misma será abonada en tres cuotas de $ 1826 cada una, que serán abonadas junto con las remuneraciones de los meses de febrero, abril y mayo de 2017.

Textos completos:     Acuerdos 1610/16 y 1611/16       Res. ST. 1013/16

Fuente: Elsa Rivero

Interés general – Ventas en cuotas

Algunas tarjetas bajaron las tasas de financiación que les cobran a los comercios.

A partir de ayer, las tarjetas de crédito redujeron en 3 puntos la tasa que le cobran a los comercios por ofrecer financiación de las compras en cuotas.

Tanto las marcas de los plásticos agrupadas en First Data –MasterCard, Diners Club, Argencard, Cencosud y CMR Falabella– como Visa, propiedad del Grupo Prisma, anunciaron ayer a sus establecimientos clientes una baja de la tasas de financiamiento en cuotas, que pasó de 45% anual para pagos en dos veces a 42% anual y de 49% a 46% anual para compras a pagar en 24 meses.

La última vez que habían ajustado este coeficiente había sido a mediados de octubre del año pasado. Este menor costo para los comercios va en línea con una reducción de las tasas de referencia. En aquel momento, la Lebac estaba en niveles de 26,75% y hoy en día ese encuentra dos puntos por debajo, a 24,75%.

Estos coeficientes se movieron durante 2016 sintonía con la política monetaria del BCRA. Así, cuando en marzo del año pasado la autoridad monetaria elevó la tasa de referencia del mercado a niveles máximos, del orden del 38%, el costo de financiamiento se disparó por ejemplo para planes de 12 cuotas hasta el 58% anual.

Los nuevos niveles representan una merma de 12 puntos porcentuales para los plazos más largos desde aquellos máximos, según consigna El Cronista.

El otro gran jugador del mercado de los plásticos, American Express no informa cambios en este coeficiente desde fines de octubre del año pasado. De esta manera ofrecer pagar en hasta seis meses le insume a los comercios que operan con esta tarjeta un costo de 46% anual, mientras que para plazos más largos, de hasta 24 cuotas, el costo se dispara hasta 51% anual.

Fuente: IProfesional

Riesgos del trabajo ART: alícuotas de empleadores

Se podrá consultar a través de internet la alícuota vigente de un empleador.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) implementó un aplicativo que permite consultar vía online la alícuota vigente de un determinado empleador, para garantizar en forma ágil, eficaz y actualizada el derecho de acceso a la información pública.

Los interesados deberán ingresar a la página http://www.srt.gob.ar sección “Empleador” y seleccionar “Consultas de Alícuotas por CUIT”. El requirente debidamente identificado con su CUIT/CUIL, podrá acceder a toda la información relacionada con:

• ART con la cual tiene cobertura

• Alícuota fija

• Alícuota variable

• Código de actividad vigente

Con esta nueva herramienta se logra fortalecer la transparencia, competitividad e igualdad de condiciones en el proceso de contratación de las ART, en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

Para obtener información sobre la alícuota de un empleador consulte en:

http://www.srt.gob.ar/index.php/consulta-de-alicuota-por-cuit/

Descargar gacetilla

Fuente: SRT

Resolución 4/2017-UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE INVERSORES EXTRANJEROS.

MINISTERIO DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Resolución 4/2017

Buenos Aires, 11/01/2017

VISTO el Expediente N° 468/2016 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera del MINISTERIO DE FINANZAS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007, y las Resoluciones UIF Nros. 121 del 15 de agosto de 2011 y sus modificatorias y 229 del 13 de diciembre de 2011 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias establece los sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en los términos del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

Que el artículo 21 precitado establece las obligaciones a las que quedarán sometidos dichos sujetos obligados.

Que el artículo 14 inciso 10 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias faculta a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA a emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados, previa consulta con los Organismos específicos de control.

Que a través de la Resolución UIF N° 121 del 15 de agosto de 2011 y sus modificatorias, se reglamentaron las medidas y procedimientos que los sujetos obligados contemplados en los incisos 1 y 2 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que por su parte, a través de la Resolución UIF N° 229 del 13 de diciembre de 2011 y sus modificatorias, se reglamentaron las medidas y procedimientos que los sujetos obligados contemplados en los incisos 4 y 5 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Que la Recomendación 1 de los “Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” aprobados por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) señala que “…los países deben aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR) a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Este enfoque debe constituir un fundamento esencial para la asignación eficaz de recursos en todo el régimen de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (PLA/CFT) y la implementación de medidas basadas en riesgo en todas las Recomendaciones del GAFI…”.

Que a su vez, dicha Recomendación agrega que “…cuando los países identifiquen riesgos menores, éstos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas Recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones…”.

Que por su parte, la Recomendación 10 destaca la necesidad de exigir a las entidades financieras tomar medidas de debida diligencia a los fines de identificar al cliente o beneficiario final de las operaciones, “…utilizando un enfoque basado en riesgo (EBR) de conformidad con las Notas Interpretativas de esta Recomendación y la Recomendación 1”.

Que de acuerdo con las recomendaciones antes mencionadas, las Direcciones técnicas de esta Unidad han realizado un análisis de los factores de riesgo involucrados en los supuestos establecidos en la presente Resolución.

Que dicho análisis permitió establecer en qué casos es admisible la aplicación por parte de los sujetos obligados contemplados en la presente, del procedimiento de debida diligencia especial a fin de identificar al cliente al momento de recibir la solicitud de apertura de cuentas especiales de inversión establecidas en la presente resolución.

Que el análisis de riesgo se realizó en función de los cuatro factores mínimos contemplados en el estándar internacional.

Que respecto al primer factor, sobre el riesgo por cliente, se estableció que los mismos deben ser personas jurídicas de actividad financiera, autorizadas, reguladas y supervisadas de manera adecuada en su jurisdicción de origen en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), conforme las recomendaciones del GAFI, y sujetas a autorización y/o fiscalización prudencial de sus respectivos organismos de control específicos.

Que sobre el segundo factor, el referido al riesgo por zona geográfica, se determinó que la jurisdicción de origen de la mencionada persona jurídica no puede ser considerada como no cooperante, ni de alto riesgo por el GAFI. A su vez, los supervisores prudenciales de dichas entidades deben contar con Memorandos de Entendimiento (MOUs) vigentes con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y/o la COMISION NACIONAL DE VALORES, según corresponda.

Que en cuanto al tercer factor, sobre el riesgo por canal de distribución, debe tratarse de medios electrónicos que garanticen la trazabilidad de las operaciones.

Que en lo que refiere al cuarto factor, sobre el riesgo por producto, los sujetos obligados locales, establecidos en los incisos 1, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, podrán abrir cuentas especiales de inversión, limitadas específicamente al objeto de la inversión financiera.

Que de acuerdo a dicho análisis y atento a las Resoluciones UIF Nros. 121/2011 y 229/2011 y sus modificatorias, resulta oportuno reglamentar un supuesto especial de debida diligencia para personas jurídicas, a fin de establecer ciertas pautas que otorguen certidumbre en relación con los requisitos de apertura de cuentas especiales de inversión para INVERSORES EXTRANJEROS en nuestro país con el objeto de hacer más eficiente el proceso de apertura de dichas cuentas y promover la inversión de capitales extranjeros resguardando debidamente los riesgos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT).

Que tanto la Dirección de Supervisión como la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador han mantenido reuniones de trabajo con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y con la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES a fin de evaluar los riesgos implicados y la oportunidad de implementar dichas medidas que simplifican las exigencias de identificación para el caso de los INVERSORES EXTRANJEROS mencionados que pretendan realizar inversiones financieras en nuestro país.

Que a tales efectos, corresponde definir los conceptos particulares, delimitar las obligaciones y determinar los supuestos en que los sujetos obligados establecidos en los incisos 1, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, puedan aplicar ciertas medidas de debida diligencia especial.

Que dichas medidas se limitan exclusivamente a la política de identificación para la apertura de las cuentas especiales de inversión determinadas en la presente Resolución.

Que por su parte, se considera necesario extender la aplicación de dichas medidas de debida diligencia especial a la identificación de personas jurídicas que revistan el carácter de INVERSORES NACIONALES que decidan solicitar la apertura de las cuentas especiales de inversión previstas.

Que en función al análisis realizado respecto de los cuatro factores de riesgo mínimos establecidos por el GAFI para aplicar un enfoque basado en riesgo (EBR), se concluyó que la operatoria de INVERSORES EXTRANJEROS se asemeja en cuanto a su riesgo a la operatoria de INVERSORES NACIONALES.

Que por otro lado, resulta conveniente entender que para la apertura de cuentas corrientes especiales de inversión solicitadas por agentes de liquidación y compensación (ALyCs), sujetos obligados en los términos del artículo 20, incisos 4 y 5 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la entidad bancaria local cumplirá con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), cuando haya realizado la debida diligencia sobre el respectivo agente de liquidación y compensación (ALyC), siendo que ello no exime a las entidades financieras de realizar un monitoreo y seguimiento de las operaciones durante el transcurso de la relación con su cliente —el ALyC— con un enfoque basado en riesgo (EBR).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha tomado la intervención que le compete.

Que han intervenido los organismos específicos de control en los términos del artículo 14, inciso 10 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que el Consejo Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA ha tomado intervención en los términos del artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que por ausencia del señor Presidente de la Unidad, corresponde que el acto sea dictado en su reemplazo por la señora Vicepresidente, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y el Decreto N° 290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio.

Por ello,

LA VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

TITULO I

DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL

PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE INVERSORES EXTRANJEROS.

CAPITULO I. OBJETO Y ALCANCE.

ARTÍCULO 1° — Los sujetos obligados comprendidos en lo incisos 1, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, podrán aplicar medidas de debida diligencia especial de identificación a INVERSORES EXTRANJEROS en la República Argentina al momento de solicitar la apertura a distancia de las cuentas especiales de inversión, establecidas en el presente Título.

CAPITULO II. DEFINICIONES.

ARTÍCULO 2° — A los efectos de la presente Resolución se entenderá por:

a) INVERSOR EXTRANJERO:

A la persona jurídica de actividad financiera, autorizada, regulada y supervisada de manera adecuada en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), en su jurisdicción de origen, conforme las recomendaciones del GAFI.

La jurisdicción de origen no debe ser considerada como no cooperante, ni de alto riesgo por el GAFI.

Asimismo, la persona jurídica debe estar sujeta a autorización y/o fiscalización prudencial de sus respectivos organismos de control específicos, quienes deben contar con Convenios de Cooperación o Memorandos de Entendimiento vigentes suscriptos con el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) y/o con la COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV), según corresponda.

b) ENTIDAD FINANCIERA/BANCARIA DEL EXTRANJERO:

Son aquellos bancos, bancos de inversión u otras instituciones del extranjero que presten servicios financieros, de los cuales proceden los fondos ingresados al país. Asimismo, deben estar debidamente autorizadas y supervisadas en su país de origen en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT). Las jurisdicciones donde se encuentren autorizadas y supervisadas no pueden ser consideradas como no cooperantes, ni de alto riesgo por el GAFI.

c) CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN:

Son aquellas cuentas limitadas específicamente al objeto de la inversión financiera, abiertas ante una entidad financiera/bancaria o ante un agente de liquidación y compensación (propio o integral), agente de negociación o agente de administración de productos de inversión colectiva de la REPÚBLICA ARGENTINA. Dichas cuentas pueden ser:

(i) Cuenta corriente especial de inversión (Entidades Financieras), y

(ii) Cuenta comitente/cuotapartista con cuenta custodia (Entidades Financieras o agentes de liquidación y compensación (propio o integral), agentes de negociación y agentes de administración de productos de inversión colectiva).

CAPITULO III. REQUISITOS.

ARTÍCULO 3° — A los fines de proceder a la apertura a distancia de las CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN, los sujetos obligados mencionados en el artículo 1° de la presente Resolución, deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos para realizar una debida diligencia especial de identificación del INVERSOR EXTRANJERO, a saber:

a) Documentación que acredite la identificación del INVERSOR EXTRANJERO, su personería, su estructura de titularidad y control, y su respectiva autorización y registración.

b) Mención de los organismos de supervisión, de autorización y/o control específicos del INVERSOR EXTRANJERO, tanto en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT), como en materia financiera.

c) Nota con carácter de declaración jurada de donde surja la actividad principal de INVERSOR EXTRAJERO que permita identificar el origen lícito de los fondos.

d) Número de inscripción tributaria expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), ello en caso que corresponda.

e) Constatar que el organismo de autorización y/o fiscalización prudencial del INVERSOR EXTRANJERO, cuente con Convenios de Cooperación o Memorandos de Entendimiento vigentes suscriptos con la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES y/o el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, según corresponda.

La documentación indicada en los incisos anteriores, puede ser enviada por medios electrónicos o por courrier a los sujetos obligados enumerados en el artículo 1° de la presente Resolución. En caso que se encuentre redactada en idioma extranjero, deberá adjuntarse la correspondiente traducción al idioma nacional, efectuada por traductor público nacional. Esta documentación podrá ser aportada tanto por el INVERSOR EXTRANJERO, como también por la ENTIDAD FINANCIERA/BANCARIA DEL EXTRANJERO de donde provengan los fondos.

CAPITULO IV.- MONITOREO DEL INVERSOR EXTRANJERO.

ARTÍCULO 4° — La debida diligencia especial establecida en el presente título para INVERSORES EXTRANJEROS al inicio de la relación comercial no exime a los sujetos obligados mencionados en el artículo 1° de la presente Resolución, de realizar el monitoreo y seguimiento de las operaciones durante el transcurso de dicha relación con un enfoque basado en riesgo (EBR).

TITULO II

DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL

PARA LA APERTURA A DISTANCIA DE CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN DE INVERSORES NACIONALES.

CAPITULO I. OBJETO Y ALCANCE.

ARTÍCULO 5° — Los sujetos obligados comprendidos en lo incisos 1, 4 y 5 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, podrán aplicar medidas de debida diligencia especial de identificación a INVERSORES NACIONALES al momento de la apertura a distancia de las cuentas especiales de inversión, establecidas en el presente título.

CAPITULO II. DEFINICIONES.

ARTÍCULO 6° — A los efectos de la presente Resolución se entenderá por:

a) INVERSORES NACIONALES:

A la persona jurídica considerada sujeto obligado de actividad financiera, registrada, regulada y supervisada en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (PLA/FT) por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) de la REPUBLICA ARGENTINA.

Asimismo, la persona jurídica debe estar debidamente inscripta y/o autorizada por ante la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA (IGJ) o el REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO correspondiente, y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), y sujeta a autorización y/o fiscalización prudencial de sus respectivos organismos de control específicos: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) y/o la COMISION NACIONAL DE VALORES (CNV), según corresponda.

b) CUENTAS ESPECIALES DE INVERSIÓN:

Son aquellas cuentas limitadas específicamente al objeto de la inversión financiera, abiertas ante una entidad financiera/bancaria o un agente de liquidación y compensación (propio o integral), agente de negociación o agente de administración de productos de inversión colectiva de la REPÚBLICA ARGENTINA. Dichas cuentas pueden ser:

(i) Cuenta corriente especial de inversión. (Entidades Financieras) y,

(ii) Cuenta comitente/cuotapartista con cuenta custodia. (Entidades Financieras o agentes de liquidación y compensación (propio o integral), agentes de negociación y agentes de administración de productos de inversión colectiva).

CAPITULO III. REQUISITOS.

ARTÍCULO 7° — A los fines de proceder a la apertura de las cuentas especiales de inversión, los sujetos obligados mencionados en el artículo 5° de la presente Resolución, deberán cumplir como mínimo con los siguientes requisitos para realizar una debida diligencia especial de identificación del INVERSOR NACIONAL, a saber:

a) Documentación que acredite la identificación del INVERSOR NACIONAL, su personería, su estructura de titularidad y control, y su respectiva autorización y registración ante los organismos pertinentes.

b) Declaraciones juradas respecto de sanciones aplicadas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES según corresponda, durante los últimos TRES (3) años.

c) Nota con carácter de declaración jurada de donde surja la actividad principal del INVERSOR NACIONAL que permita identificar el origen lícito de los fondos.

La documentación indicada precedentemente, puede ser enviada por medios electrónicos o por correo postal a los sujetos obligados en el artículo 5 de la presente resolución. Asimismo, la documentación podrá ser aportada tanto por el INVERSOR NACIONAL, como también por la entidad financiera/bancaria de donde provengan los fondos.

d) Número de inscripción tributaria expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), ello en caso que corresponda.

CAPITULO IV.- MONITOREO DEL INVERSOR NACIONAL.

ARTÍCULO 8° — La debida diligencia especial establecida en el presente título para INVERSORES NACIONALES al inicio de la relación comercial no exime a los sujetos obligados mencionados en el artículo 5° de la presente Resolución, de realizar el monitoreo y seguimiento de las operaciones durante el transcurso de dicha relación con un enfoque basado en riesgo (EBR).

TITULO III

DEBIDA DILIGENCIA ESPECIAL ENTRE SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO 9° — Para la apertura de cuentas corrientes especiales de inversión solicitadas por agentes de liquidación y compensación (ALyCs), sujetos obligados en los términos del artículo 20 incisos 4 y 5 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la entidad financiera local cumplirá con la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), cuando haya realizado la debida diligencia sobre el respectivo agente de liquidación y compensación (ALyC).

El agente de liquidación y compensación (ALyC) será responsable por la debida diligencia de sus clientes.

El supuesto referido no exime a las entidades financieras de realizar un monitoreo y seguimiento de las operaciones durante el transcurso de la relación con su cliente (el ALyC) con un enfoque basado en riesgo (EBR).

TITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 10. — La presente medida entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 11. — Regístrese, publíquese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — MARÍA EUGENIA TALERICO, Vicepresidente, Unidad de Información Financiera.

Calculadora de recategorización del Monotributo.

ERREPAR a través de su pagina web pone a disposición de suscriptores y no suscriptores una calculadora para determinar la categoría de monotributo y el costo mensual de su determinación en función de los parámetros de monotributo a los efectos de la recategorización aplicables desde el 1/1/2017 – ley 27346 Título II.-

A continuación se da el link para el acceso a dicha herramienta.

http://www.errepar.com/temas/recategorizacion-monotributo/2017/calcular/

FUENTE: ERREPAR