Tributación local, límites y el derecho de defensa del sujeto

La necesidad de financiamiento por parte de los tres niveles estaduales, sumada a una deficiente distribución de los recursos, que resultan exiguos a esos planos gubernamentales para satisfacer el gasto público asumido, fue incrementando la presión tributaria en cada uno de ellos y a la par no siempre resultan suficientemente adecuados los mecanismos de defensa para el ciudadano, a la postre contribuyente.
Esta situación que expone la realidad es motivo de preocupación de las entidades profesionales y académicas para buscar un equilibrio entre las obligaciones de los contribuyentes y las exigencias de los diferentes fiscos. Muestra de ello son las recomendaciones que surgen de la reciente I Jornada de Derecho Tributario Provincial y Municipal, llevadas a cabo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, los días 5 y 6 de junio, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, cuya presidencia ejerce actualmente Miguel A. Tesón.
En ese marco, el Panel I debatió los “Límites al ejercicio de potestades fiscales de provincias y municipios”, bajo la presidencia de Elvira Balbo, actuando como secretario Rodrigo Lema y relator Aníbal O. Bertea. En calidad de panelistas expusieron Enrique Bulit Goñi, Pablo Garat, César Litvin y Rodolfo Spisso y también lo hicieron los autores de los trabajos presentados.
Dentro de un número mayor de recomendaciones a las que arribó este panel vale destacar la sugerencia de realizar una “urgente revisión de los sistemas de coordinación fiscal entre los diferentes niveles de gobierno actualmente vigentes, para evitar que el desfinanciamiento originado en su aplicación deficiente sea suplido por el aumento desmedido de la presión tributaria de los contribuyentes propios y ajenos.”
Asimismo, puntualizaron que es necesario:
• La eliminación de toda disposición discriminatoria en la legislación tributaria provincial y municipal que consagre un tratamiento más gravoso a quienes no tengan establecimiento industrial en la jurisdicción, porque vulnera principios constitucionales.
• La derogación de toda disposición que pretenda establecer en virtud de la aplicación de presunciones sujetos tributarios en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
• La no inclusión de los ingresos provenientes del exterior (exportaciones de bienes y servicios) en la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para priorizar el principio de tributación en destino, favorecer la competitividad de la Argentina en los mercados internacionales y evitar que se produzcan asimetrías entre las jurisdicciones en la distribución del impuesto provincial.
• La eliminación de los regímenes de recaudación que se encuentran disociados del hecho imponible y base imponible de los impuestos que supuestamente los originan (por ejemplo, regímenes de percepción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y regímenes de retención bancaria).
• El establecimiento de un sistema automático de exclusión y simplificado de reintegro o devolución de los recurrentes saldos a favor del contribuyente que se generen a través de los regímenes de recaudación
• El retorno a las tasas municipales tradicionales que gravan la efectiva e individualizada prestación de un servicio, abandonando la postura de utilizarlas sólo con fines recaudatorios para paliar el desfinanciamiento de los municipios.
Por su parte, el Panel II, cuya presidencia la ejerció Mario A. Saccone, quedando la secretaría a cargo de Gabriela Farizano y como relator Daniel Borrego, abordó “El acceso a la Justicia en materia tributaria provincial y municipal respecto de la determinación de deuda y de las facultades sancionatorias”. Al respecto expusieron como panelistas Teresa Gómez, Flavia Melzi y Claudio Luis, así como cada uno de los autores de trabajos.
En orden a exigir un estándar mínimo de garantías para el contribuyente local, entre otras conclusiones se precisa que se ha destacado articular el derecho a la protección de los datos personales (Ley 25.326, art. 43 CN), válido para personas físicas y jurídicas, lo cual limita a los fiscos actuantes a solicitar datos con “relevancia tributaria específica” y en esa línea resaltan la seria preocupación de los procedimientos de fiscalización electrónica en los cuales el contribuyente desconoce el expediente, la finalidad, el destino , el funcionario receptor y las consecuencias derivadas que de tal entrega acontezcan. Y agregan que la solicitud de datos sea “racional”. Asimismo, subrayan un tema que aflige sobremanera: “Sostenemos que la implementación de mecanismos informáticos no puede ir en detrimento de las normas sustantivas y formales que regulan el procedimiento tributario, antes bien, éstos deben adecuarse a ellos”. Dicho de otro modo, el aplicativo no puede estar por encima de la norma.
Con respecto a las vías procesales en el contencioso tributario, recomiendan la derogación del instituto “Solve et repete” y remarcan la oposición a que dicho instituto sea condición de admisibilidad de los recursos administrativos y judiciales, debiendo quedar reservado en tal caso a la acción contenciosa ante la Justicia y de ser posible con las limitaciones que proponemos a fin de mantener una situación de equilibrio entre los intereses y derechos de las partes en contienda. Bregan a favor de la generalización de los tribunales fiscales en las provincias, hoy casi restringidos a la provincia de Buenos Aires.
No escapó al debate el derecho de defensa ante la Comisión Arbitral y la consideración del Protocolo Adicional. En este sentido se advirtió sobre irrazonabilidad de la multiplicidad de plazos para interponer la acción ante la Comisión Arbitral; la forma en que se evalúa la prueba aportada y las pocas veces que se provee la ofrecida, generando dudas sobre el respeto del debido proceso adjetivo. En este contexto remarcan las conclusiones que “no se puede entender cómo a esta altura de la vida del Régimen, todavía no se conozcan través de una resolución general los criterios de asignación de ingresos y de ciertos gastos”.
Respecto del Protocolo Adicional apuntan que si bien la RG 3/07 constituye un avance para hacerlo funcionar de una vez por todas, ciertas exigencias, en particular la de la acreditación de la inducción al error y la de la inexistencia de diferencias de base imponible implican en cierto modo mantener el “statu quo” vigente antes del dictado de dicha Resolución General.
Finalmente, acerca de la potestad sancionatoria local y la aplicación del art. 75, inc. 12 de la Constitución nacional, respecto de la tipificación de los ilícitos en materia penal, se concluyó, entre otras, que los fiscos a cualquier nivel carecen de facultades para imponer sanciones de naturaleza penal, de acuerdo con los principios convencionales y constitucionales, las que deberán ser diferidas para su aplicación al Poder Judicial.

FUENTE:ÁMBITO.COM

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