Reseña de Jurisprudencia Tributaria

por JOSÉ DANIEL BARBATO Y x  JOSÉ LUIS JAÚREGUI Buenos Aires

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. IVA. Obra sobre inmueble propio. Transferencia del dominio del terreno a un fideicomiso. Se avaló la postura fiscal.
Causa: “López, Mariana C/DGI”, Sala III, 6.8.13.
El Tribunal administrativo revocó las resoluciones fiscales mediante las cuales se había determinado de oficio la obligación tributaria de los Sres. López frente al IVA, por el período fiscal 12/03, con más los intereses resarcitorios y multa conforme a los artículos 46 y 47, inciso “c”, de la Ley N° 11.683
El tema a decidir consistía en determinar si, tal como lo sostenía el Fisco, las operaciones realizadas por los recurrentes se encontraban gravadas en el IVA por configurarse el hecho imponible “obra sobre inmueble propio” (artículo 3°, inciso “b”, de la ley del gravamen) al caracterizarlos como “empresa constructora” en los términos del artículo 4°, inciso “d”, de la ley mencionada o, tal como lo entendían los actores, no correspondía el ajuste fiscal toda vez que estos últimos no poseían el carácter de “empresa constructora”, sujeto pasivo del impuesto, ya que no habían contratado personal de obra ni adquirido materiales y tampoco se trataba de un “inmueble propio” ya que le habían transferido el dominio del terreno al fideicomiso constituido a fin de que se construyera allí un edificio de departamentos.
Para así decidir, dicho Tribunal consideró que: a) Los recurrentes, al haber transmitido el dominio fiduciario, no resultaban ser los sujetos pasivos del impuesto; b) Aunque los fiduciantes, al entregar un bien para luego recibir otros distintos, no estaban efectuando una transferencia gratuita y tal operación no se encontraba alcanzada por el impuesto dado que, al ser el hecho imponible cuestionado la “obra sobre inmueble propio”, el sujeto pasivo del tributo era el fideicomiso porque constituía una unidad económica con un fin determinado, distinta del fiduciario y del fiduciante; y c) Por ello, una vez producida la adjudicación de las unidades a los contratantes, sería el fondo fiduciario quien debería ingresar el débito fiscal sobre el valor correspondiente a la obra considerándose momento de la transferencia del inmueble el acto de adjudicación de las respectivas unidades a los fiduciantes beneficiarios.
Apeló la representación fiscal dicho decisorio y, por su lado, la Cámara estableció en su sentencia que: a) La obra realizada sobre el inmueble se encontraba gravada con el IVA ya que, pese a la constitución del fideicomiso y la afectación del terreno al dominio fiduciario, la realidad económica del negocio indicaba que los actores, en su calidad de fiduciantes-beneficiarios, habían utilizado el fideicomiso para efectuar una obra sobre bien propio ya que ellos entregaron el terreno sobre el cual se había edificado; b) Ello era así toda vez que, aunque los bienes afectados al fideicomiso constituyeran un patrimonio independiente, lo cierto era que los fiduciantes únicamente se habían desprendido transitoriamente del dominio del bien con el fin de construir un inmueble afectado a propiedad horizontal y, luego, al adjudicárseles las unidades funcionales en su calidad de beneficiarios, recuperaban el dominio pleno del bien; c) Para ser sujeto pasivo del tributo no era necesario que los actores por sí hubieran adquirido materiales de construcción o contratado una locación de obra (tal la defensa planteada) puesto que lo que denotaba la existencia de una “empresa constructora”, en los términos del artículo 4° de la ley de IVA, era la intención de obtener lucro con la posterior venta o enajenación la cual resultaba indudable en virtud de las fechas en que se habían efectuado las operaciones casi simultáneamente en todos los casos; y d) Al efecto, cabía recordar, que el artículo 5º del Decreto Reglamentario fijaba un lapso de 3 (tres) años, continuado o discontinuado, cumplido el cual, si la obra había sido afectada a arrendamiento o a determinados derechos reales, entendía que la obra no se encontraba alcanzada por el gravamen en razón de considerarse que no se había actuado con ánimo de lucro.
Conforme a ello, la Cámara revocó la sentencia cuestionada y, consecuentemente, se confirmaron los actos administrativos impugnados salvo, en cuanto a las multas impuestas, que se reencuadraron en la figura omisiva del artículo 45 de la Ley N° 11.683.

2. Impuesto a las Ganancias. Disposición de fondos a favor de terceros. Grupo económico. Interés pactado similar al otorgado por entidades bancarias. Rechazo del ajuste fiscal.
Causa: “Pharma Argentina S.A. C/ DGI”, Sala III, 26.9.13.
El organismo jurisdiccional confirmó parcialmente la resolución fiscal sobre el Impuesto a las Ganancias revocándola en cuanto había dispuesto un ajuste por disposición de fondos a favor de terceros y aplicado multa por los gastos del automotor de los agentes de propaganda médica. A su vez, confirmó en todas sus partes la resolución de la AFIP relacionada con el IVA ordenándole al Fisco reliquidar los montos adeudados por la actora de acuerdo a lo resuelto en la causa.
En cuanto aquí interesa, la representación fiscal apeló dicha decisión respecto a la revocación del ajuste por disposición de fondos a favor de terceros exponiendo que el pronunciamiento recurrido era contrario a la validez de la ley de sociedades comerciales y a las previsiones del artículo 73 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el artículo 103 de su Decreto Reglamentario.
Sobre el particular, la Cámara determinó en su sentencia que: a) El Fisco se agraviaba por estimar que, al tratarse de un grupo económico, no existía un tercero a favor del cual se hubiese efectuado la disposición cuestionada, esto era, un adelanto de fondos en moneda extranjera con un interés del 7,75% anual pactado entre la actora y la otra sociedad involucrada; y b) Habiéndose acreditado que el otorgamiento del préstamo había sido parte del giro comercial de la actora y que ésta había conseguido un beneficio prácticamente idéntico al que hubiese obtenido de una entidad bancaria, cabía revocar la resolución fiscal en cuanto establecía el ajuste por disposición de fondos a favor de terceros y la multa por ello impuesta.
De este modo, la Cámara confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal sobre el aspecto tratado y, en virtud de ello, se rechazó la postura del Fisco al respecto.

3. Infraccional. Salidas no documentadas. Se confirmaron las multas por omisión y defraudación aplicadas.
Causa: “Jarilla S.A. C/DGI”, Sala III, 29.10.13.

El Tribunal administrativo revocó las sanciones de multa aplicadas respecto del Impuesto a las Ganancias -por salidas no documentadas- correspondientes a los períodos fiscales 02 a 06 y 08 a 10/03 en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683 y 11 y 12/03 y 01 a 06/04 de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de esa ley atento la modificación introducida por la Ley N° 25.795.
Para así decidir, al analizar la procedencia de encuadrar los hechos en el tipo previsto en el artículo 46 de la Ley N° 11.683, destacó el Tribunal Fiscal que la multa se había aplicado respecto de la “salida no documentada” en sí misma y no en función del Impuesto a las Ganancias que pudiera haber omitido la actora en virtud de la deducción indebida en su respectiva declaración jurada. En cuanto a la sanción del artículo 45 de la misma ley, interpretó el organismo jurisdiccional que, si bien la recurrente no había cumplido con el ingreso oportuno del impuesto que le correspondía tributar en orden a lo preceptuado por el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Ganancias incumpliendo, de ese modo, las disposiciones de la Resolución General (AFIP) N° 893 lo cierto era que esta norma, si bien contemplaba la forma de determinación e ingreso del gravamen en cuestión, estableciendo el plazo y forma de ingreso no instrumentaba una declaración jurada a presentar por los contribuyentes y responsables, en el sentido de lo previsto en el citado artículo 45.
La representación fiscal apeló dicha decisión y, a su turno, la Cámara determinó en su fallo que: a) Sin perjuicio de que la salida no documentada no era suficiente para configurar por sí misma la omisión de tributos de los artículos 45 o 46, cabía advertir que ello no obstaba a que, en determinadas situaciones -dentro de las cuales cabía encuadrar el caso de autos-, dichas infracciones sí podrían llegar a concretarse; b) En el presente caso, debía observarse que en sendos sumarios instruidos se imputaba una omisión de ingreso del Impuesto a las Salidas no Documentadas respecto de períodos fiscales en los cuales sí estaba vigente la Resolución General (AFIP) N° 893 que establecía la “forma” y “plazo” para el ingreso de este tributo; c) De manera que, por aplicación “a contrario sensu” del criterio esbozado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “D’ Ingianti” del 12.10.10, cabía concluir que los elementos tipificantes exigidos por el artículo 45 de la Ley N° 11.683 se habían cumplido; y d) En efecto, se había “omitido el pago de un impuesto” (el de las salidas no documentadas), “mediante la falta de presentación de una declaración jurada” (la boleta de depósito y comunicación de pago exigidas por la citada Resolución General por aplicación del artículo 15 de la Ley N° 11.683), el cual a partir de la sustitución del texto del artículo 46 (conf. art. 1º punto XVI de la Ley N° 25.795) era razonable encuadrar en un supuesto de ocultación maliciosa en base a los elementos que obraban en estos actuados pues conjugados ellos en conjunto se advertía (más que un obrar poco diligente) la existencia de una maniobra defraudatoria tendiente a perjudicar al Fisco.
Por consiguiente, la Cámara revocó la sentencia apelada y, por lo tanto, se convalidaron las sanciones impuestas.

4. Impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado. Facturas apócrifas. Se avaló la postura del Fisco.

Causa: “Giménez, Rosa Martina C/DGI”, Sala III, 19.11.13.
El Tribunal inferior confirmó parcialmente las resoluciones fiscales por las que se había determinado la obligación de la actora frente al IVA -períodos fiscales 01/02 a 12/03- y al impuesto a las ganancias -períodos fiscales 2002 y 2003- con más los intereses resarcitorios, y las respectivas multas por omisión de dichos tributos.
Para adoptar tal decisión, el aludido Tribunal consideró que: a) En lo atinente a aquellos proveedores que habían negado las operaciones con la actora, quien a su vez no había aportado elementos que permitieran verificar la veracidad de dichas operaciones, cabía confirmar la determinación fiscal; y b) Con relación a los demás proveedores discutidos, el Fisco no había aportado suficientes elementos para impugnar dichas operaciones por lo que correspondía al respecto revocar la determinación practicada por el ente recaudador.
Apeló ese decisorio la representación fiscal en cuanto había revocado la determinación practicada y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Cabía adelantar que asistía razón al apelante en tanto el Tribunal administrativo había efectuado una valoración arbitraria de los elementos aportados por el Fisco lo cual había derivado en la indebida revocación parcial de las resoluciones recurridas; b) Si bien acertada, no se presentaba como aplicable al caso la consideración efectuada por el Tribunal Fiscal en tanto había sostenido que “la falsedad de un comprobante no puede basarse únicamente en que el proveedor no pudo ser hallado en su respectivo domicilio fiscal o comercial o por suponérselo falto de capacidad operativa”; c) Ello puesto que el ente recaudador se había valido de otros cuantiosos elementos a fin de rechazar las operaciones tales como la idéntica caligrafía en varias de ellas el incumplimiento de la Ley Antievasión, la existencia de facturas vencidas, la declaración de actividades diferentes a la supuestamente efectuada, entre otros; d) Tampoco resultaba aceptable exigir al Fisco la realización de una pericia caligráfica sobre las facturas toda vez que la similar caligrafía era solamente un elemento entre tantos otros que generaban la convicción suficiente para rechazar la veracidad de las operaciones y, por otra parte, la actora tampoco había aportado pruebas tendientes a demostrar que se trataba de caligrafías diferentes; e) La aportación de facturas y el mero cumplimiento de los requisitos exigidos por las resoluciones aplicables no resultaban suficientes para que procediera, sin más, la devolución del crédito fiscal abonado en etapas anteriores sino que para ello -y en vista de las singulares circunstancias configuradas respecto de los mencionados proveedores, que permitían dudar seria y fundadamente de la veracidad de las transacciones que se les atribuían-, debía exigirse además que dicho crédito se encontrase avalado por la existencia real y comprobable de las operaciones efectuadas; y f) Al constituir el acto de determinación de deuda un acto “administrativo”, gozaba de presunción legal establecida a favor de éste, razón por la cual quien lo impugnase era quien debía demostrar de modo irrebatible su arbitrariedad pues en materia de determinaciones impositivas se admitía la sustantividad de reglas distintas sobre la carga de la prueba con relación a las que se aplicaban en los demás juicios.
Por lo expuesto, la Cámara revocó la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios y, en consecuencia, se confirmaron las resoluciones fiscales en su totalidad.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Procedimiento. Nulidad del acto administrativo por anomalías en la notificación.
Causa: “V, H.R. C/AFIP-DGI”, Sala “C”, 28.2.14.
El mencionado contribuyente recurrió tres actos administrativos dictados por la AFIP-DGI. En uno de ellos, se determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por el año fiscal 2000. En otro se determinó de oficio el mismo tributo pero por el ciclo fiscal 2001. En el restante se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales de 2001 y 2002. En las dos primeras se difirió la aplicación de las multas con sustento en el artículo 20 de la Ley N° 24.769 y en la última se aplicó una multa con fundamento en el artículo 46 de la Ley N° 11.683. En todas ellos se exigieron también los accesorios.
Vale decir que, de la causa, se desprendía que el recurrente era un representante en nuestro país, con facultades para actuar por cuenta y orden de sociedades de la República del Paraguay, en operaciones de comerciales de importación recibiendo, por ello, una comisión siendo esta una actividad habitual y característica en operaciones del comercio exterior.
En este caso, el foco del conflicto estuvo dado en la validez de los procedimientos administrativos desarrollados centrándose, en particular, en el libramiento y notificación de diferentes órdenes de intervención lo que motivó un planteo de nulidad por parte del contribuyente.
El Tribunal competente, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Examinó detenidamente cada una de las órdenes de intervención donde observó que las órdenes de intervención fueron suscriptas el 5.4.02 y el 29.4.03 en tanto que las notificaciones de las mismas fueron efectuadas entre el 4.4.02 y el 5.4.02 y entre el 28.4.03 y el 29.4.03 respectivamente; 2) Entendió que las citadas notificaciones contenían errores sustanciales tales como pretender comunicar al particular de instrumentos que, en los hechos, aún no habían sido emitidos configurando ello un documento inexistente; 3) Analizó la normativa aplicable, en especial, el artículo 100 inciso b) de la Ley N° 11.683 y el artículo 40 del Decreto Reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N° 1759/72 del PEN) cuya última norma prevé que las notificaciones deben diligenciarse dentro de los cinco días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de la notificación; 4) Precisó que en la especie medió una irregularidad flagrante dado que las notificaciones antecedieron a los actos administrativos (órdenes de intervención); 5) Estimó que la irregularidad invocada tenía implicancias en los posteriores procedimientos de determinación de oficio por afectar su legitimidad; 6) Observó que las actas confeccionadas a lo largo del expediente administrativo son objeto de especial atención dado que constituyen la “historia” del accionar del personal fiscalizador; y 7) Puntualizó que mediaron diferencias parciales entre los períodos objeto de intervención y los ciclos objeto de reclamo en los actos de determinación de oficio.
En síntesis, los argumentos apuntados llevaron al Tribunal actuante a declarar la nulidad de los actos administrativos apelados basada en las anomalías señaladas por vulnerar el derecho de defensa del recurrente. 2. Ganancias. Validez de operaciones de cesión de créditos entre empresas vinculadas. Impugnación de una determinación irrazonable.
Causa: “CRE CARD Litoral S.A. C/AFIP-DGI”, Sala “B”, 1.4.14.
El mentado contribuyente articuló un recurso de apelación contra el acto administrativo de AFIP-DGI que determinó de oficio la obligación tributaria atinente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2001 juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por defraudación prevista en los artículos 46 y 47, inciso e), de la Ley N° 11.683.
Es susceptible de mención que la actividad declarada por la recurrente era la prestación de servicios de entidades de tarjetas de compra y/o crédito NCP.
Al respecto, el negocio jurídico en debate fue la venta o cesión del recurrente a Fiable S.A. de créditos de una supuesta difícil cobrabilidad al 50 % (cincuenta por ciento) de su valor residual y, de esta manera, el apelante se computó como quebranto el 50 % (cincuenta por ciento) restante expuesta como “Quebrantos p/Tarjetas Vendidas”.
El Fisco impugnó el cómputo de dicho quebranto por considerar, por un lado, que los créditos que originaron el citado quebranto no cumplían las condiciones necesarias para ser calificados como incobrables y, por el otro, esgrimió una serie de indicios que hacían cuestionar la veracidad de la transacción.
En cuanto a esta última arista, el Fisco, para avalar su posición, consideró lo siguiente: a) Los firmantes de los contratos eran miembros del órgano de administración y accionistas de ambas firmas (CRE CARD Litoral S.A. y Fiable S.A.); b) Todos los créditos cedidos al 50 % (cincuenta por ciento) de su valor carecían de un estudio previo de factibilidad de cobro; c) Los deudores no fueron notificados de la transacción efectuada, es decir, del cambio de acreedor; d) El lugar de pago de los créditos, luego de la cesión, era exactamente el mismo; e) La cobranza la realizaban los empleados del cedente (la apelante) puesto que la cesionaria (Fiable S.A.) carecía de staff administrativo; f) La íntima y estrecha vinculación existente entre los integrantes de ambas sociedades; y g) La falta de cumplimiento de las formas y los plazos pactados en el pago conforme a los contratos oportunamente celebrados.
El eje de la disputa estuvo en dado en que el Fisco Nacional, en virtud de los referidos indicios, estimó que las operaciones de venta y/o cesión de créditos no eran auténticas tratándose, en definitiva, de meras instrumentaciones o registraciones contables tendientes a disminuir la carga tributaria respectiva mientras que el particular entendió que se trataba simplemente de operaciones comerciales legítimas entre empresas independientes.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Emitió consideraciones acerca del principio de la realidad económica propio de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 11.683 citándose jurisprudencia al respecto; 2) Sostuvo que el principio de la realidad económica no implicaba en sí mismo prescindir de la personalidad jurídica por ser un método excepcional que se utiliza en presencia de supuestos donde se busaban o se lograban fines contrarios a la ley; 3) Señaló que el susodicho principio debía ser aplicado con sumo cuidado y en la medida en que, de las circunstancias del caso, podía inferirse con total certeza que se abusó del esquema societario para alcanzar fines contrarios a la sociedad o a los designios de la ley; 4) Precisó que, de la existencia de los contratos celebrados por ambas sociedades y de su diversa conformación social, no alcanzaba para desechar la independencia de las personas jurídicas existentes; 5) Afirmó que la coincidencia de domicilio de ambos entes societarios no era tal como así lo pregonó el Fisco dado que la sociedad cesionario cambió su domicilio y esta circunstancia le fue informada al Fisco en su momento; 6) Expresó que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo, surgía la existencia de una cuenta corriente donde se detallaban, en forma global, los pagos realizados; 7) Evaluó la pericia contable producida en la causa resaltándose que el 83 % (ochenta y tres por ciento) de los créditos vendidos y/o cedidos tenían un valor poco significativo; 8) Produjo informes de los Estudios Jurídicos donde se puntualizó que los mismos habían gestionado de cobro de créditos morosos para la firma cesionaria (Fiable S.A.) de operaciones provenientes del cedente (CRE CARD Litoral S.A.); y 9) Coligió que los indicios en que se basaron las presunciones fiscales no resultaban precisos y/o concordantes no alcanzando a demostrar que las cesiones de créditos realizadas por el cedente al cesionario no eran negociaciones auténticas sino, por el contrario, meras instrumentaciones y registraciones contables con la intención de disminuir indebidamente la utilidad de la recurrente abusando de la personalidad jurídica e ignorando el principio de la realidad económica.
Las causas apuntadas motivaron al Tribunal Fiscal de la Nación a revocar el acto administrativo objetado y, por ende, este pronunciamiento fue adverso a los intereses fiscales.

3. Ganancias. Validez de la utilización de un quebranto, en el marco de un proceso de reorganización de sociedades.
Causa: “Just International LATAM S.A. C/AFIP-DGI”, Sala “A”, 21.4.14.
El particular promovió un recurso de apelación contra el acto administrativo de AFIP-DGI que determinó de oficio la obligación tributaria correspondiente al Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2003 juntamente con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión del artículo 45 de la Ley N° 11.683.
Cabe mencionar que, en su momento, Walzen Suisse S.A. (hoy Just International LATAM S.A.) llevó adelante un proceso de fusión por absorción de Ulrich S.A. en el año 2003 en los términos del artículo 77 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y el artículo 105 de su Decreto Reglamentario.
En lo que aquí interesa comentar, es susceptible de mención que el órgano recaudador llevó a cabo un ajuste al impugnar la utilización de un quebranto de Ulrich S.A. por parte de Walzen Suisse S.A. (actualmente Just International LATAM S.A.). Al respecto, la impugnación estatal se sustentó en la improcedencia de la utilización del citado quebranto porque el referido proceso de reorganización societaria no cumplía con los requisitos legales que permitía el traslado de quebrantos entre entidades antecesoras y continuadoras.
El Tribunal actuante con el voto de los Dres. Buitrago y Gómez, en su pronunciamiento, hizo lo siguiente: 1) Examinó cuidadosamente los antecedentes fácticos del proceso de reorganización societaria; 2) Puntualizó que el 31.10.03 Walzen Suisse S.A. (hoy Just International LATAM S.A.) le informó al Fisco Nacional la reorganización efectuada con la firma Ulrich S.A. en los términos del artículo 77, inciso a), de la Ley del Impuesto a las Ganancias, el artículo 105 de su Decreto Reglamentario y la Resolución General N° 2245 de la DGI; 3) Señaló que el 26.11.04 el Fisco Nacional desestimó la reorganización informada por no haberse cumplido, a su juicio, con la legislación aplicable y, por ello, el particular interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 74 del Decreto N° 1397/79 del PEN; 4) Precisó que dicho recurso fue rechazado posteriormente por el ente impositor y, a la postre, el contribuyente articuló una demanda judicial en los términos del artículo 23 de la Ley N° 19.549; 5) Aseveró que el Juzgado de Primera Instancia, competente en la materia, no hizo lugar a la pretensión del particular pero finalmente la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 13.9.12, dejó sin efecto el pronunciamiento anterior y, por lo tanto, se admitió la tesitura del particular; y 6) Expresó que la aludida sentencia judicial convalidó la fusión entre Walzen Suisse S.A. (actualmente Just International LATAM S.A.) y la firma Ulrich S.A. y, por consiguiente, la apelante podía válidamente la utilización del quebranto obtenido por Ulrich S.A. en el ciclo fiscal 2003.
Los motivos reseñados llevaron al Tribunal actuante a revocar el ajuste propiciado y, en consecuencia, este pronunciamiento fue contrario al ente impositor.

4. Procedimiento. Nulidad de una determinación de oficio dirigida a una persona fallecida.
Causa: “Innocenti, Fernando B. C/AFIP-DGI”, Sala “B”, 22.4.14.

El contribuyente del título apeló un acto administrativo emanado de la AFIP-DGI del 18.3.12 que determinó de oficio la obligación tributaria del Impuesto al Valor Agregado por diversas posiciones mensuales de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 juntamente con sus intereses habiéndose dejado sin efecto la sanción como consecuencia de su fallecimiento.
De la secuencia de los hechos se observa lo siguiente: a) El 27.1.12 se produjo el deceso del Sr. Innocenti; b) El 1.3.12 se denunció tal circunstancia al ente recaudador; c) El 18.3.12 el Fisco confeccionó el acto administrativo de determinación de oficio; y d) El 26.3.12 la autoridad recaudadora le notificó el acto administrativo de tratas al particular.
En este contexto, el particular promovió una excepción de falta de legitimación pasiva por entender que el reclamo fiscal fue dirigido contra un sujeto tributario inexistente en tanto que el Fisco se opuso naturalmente a esta pretensión y, a la postre, el núcleo del problema estuvo dado en si resultaba legítimo o no el mencionado acto administrativo.
El Tribunal, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, hizo lo siguiente: 1) Examinó en su conjunto la normativa tributaria, en particular el artículo 5° de la Ley N° 11.683, y el pertinente articulado del Código Civil, en especial los artículos 3282, 3410, 3431, 3414 y 3314; 2) De un análisis conjunto de ambas normativas, interpretó que la apertura de la sucesión se efectiviza a partir de la muerte del causante y cuando la misma tienen como sucesores a ascendientes, descendientes y/o cónyuges, los mismos entran en posesión de la herencia desde el día de la muerte del causante sin ninguna formalidad o intervención judicial en tanto si los herederos no coincidieran con los sujetos señalados se debe requerir la herencia en el plano judicial no pudiendo ser demandados por ningún acreedor de la herencia; 3) Precisó que, en el caso y desde el momento de la muerte del causante (objeto del reclamo tributario), sus herederos naturales eran su cónyuge supérstite y su hijo siendo ellos los responsables del cumplimiento de la obligación tributaria; 4) Estimó que el Fisco, al ser denunciado el deceso del causante (responsable por deuda propia), podía haber llevado adelante otro curso de acción tal como direccionar el reclamo contra los herederos, en su calidad de responsables por deuda ajena, del Sr. Innocenti y este accionar no fue realizado por la autoridad recaudadora; y 5) Citó un dictamen del Fisco (Dictamen N° 33/06 DI ALIR) y un precedente judicial (Sala 1 de la CNACAF “Harrington, Patricio y otro” del 15.11.05) para avalar su postura.
Las razones expuestas llevaron al Tribunal competente a declarar la nulidad del acto administrativo apelado dándole, de este modo, la razón al particular.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es http://www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es responsable del Dpto. Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto, y su e-mail es: jose.jauregui@rsmi.com.ar

FUENTE: CRONISTA.COM

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