Presupuesto de gastos y recursos de la Administración nacional para el ejercicio 2016.

LEY 27.198
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2015
B.O.: 4/11/15
Vigencia: 13/11/15

Presupuesto de gastos y recursos de la Administración nacional para el ejercicio 2016.

TITULO I – Disposiciones generales

CAPITULO I – Del presupuesto de gastos y recursos de la Administración nacional

Art. 1 – Fíjase en la suma de pesos un billón quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos doce millones noventa y un mil novecientos cincuenta y uno ($ 1.569.412.091.951) el total de los gastos corrientes y de capital del “Presupuesto general de la Administración nacional para el ejercicio 2016”, con destino a las finalidades que se indican a continuación, y analíticamente en las Planillas Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 anexas al presente artículo.

Finalidad Gastos corrientes Gastos de capital Total
Administración gubernamental 63.935.318.913 24.130.567.376 88.065.886.289
Servicios de defensa y seguridad 92.975.734.791 3.902.505.942 96.878.240.733
Servicios sociales 934.685.797.000 69.637.155.728 1.004.322.952.728
Servicios económicos 199.802.161.489 76.208.975.712 276.011.137.201
Deuda pública 104.133.875.000 104.133.875.000
Total 1.395.532.887.193 173.879.204.758 1.569.412.091.951

Art. 2 – Estímase en la suma de pesos un billón cuatrocientos setenta y un mil setecientos diecisiete millones novecientos diecinueve mil doscientos ochenta y uno ($ 1.471.717.919.281) el cálculo de recursos corrientes y de capital de la Administración nacional, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en la Planilla anexa Nº 8 al presente artículo.

Recursos corrientes 1.469.434.186.709
Recursos de capital 2.283.732.572
Total 1.471.717.919.281

Art. 3 – Fíjanse en la suma de pesos doscientos noventa y tres mil ochenta y tres millones doscientos veinticinco mil novecientos cincuenta y cuatro ($ 293.083.225.954) los importes correspondientes a los gastos figurativos para transacciones corrientes y de capital de la Administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas de la Administración nacional en la misma suma, según el detalle que figura en las Planillas anexas Nº 9 y 10 que forman parte del presente artículo.

Art. 4 – Como consecuencia de lo establecido en los arts. 1, 2 y 3, el resultado financiero deficitario queda estimado en la suma de pesos noventa y siete mil seiscientos noventa y cuatro millones ciento setenta y dos mil seiscientos setenta ($ 97.694.172.670). Asimismo, se indican a continuación las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras que se detallan en las Planillas Nº 11, 12, 13, 14 y 15 anexas al presente artículo:

Fuentes de financiamiento 978.914.829.032
– Disminución de la inversión financiera 10.441.084.332
– Endeudamiento público e incremento de otros pasivos 968.473.744.700
Aplicaciones financieras 881.220.656.362
– Inversión financiera 160.188.282.399
– Amortización de deuda y disminución de otros pasivos 721.032.373.963

Fíjase en la suma de pesos cinco mil ciento cuarenta y un millones doscientos cuarenta y ocho mil ($ 5.141.248.000) el importe correspondiente a gastos figurativos para aplicaciones financieras de la Administración nacional, quedando en consecuencia establecido el financiamiento por contribuciones figurativas para aplicaciones financieras de la Administración nacional en la misma suma.

Art. 5 – El jefe de Gabinete de Ministros, a través de decisión administrativa, distribuirá los créditos de la presente ley, como mínimo, a nivel de las partidas limitativas que se establezcan en la citada decisión y en las aperturas programáticas o categorías equivalentes que estime pertinentes.

Asimismo, en dicho acto el jefe de Gabinete de Ministros podrá determinar las facultades para disponer reestructuraciones presupuestarias en el marco de las competencias asignadas por la Ley de Ministerios (t.o. por Dto. 438/92) y sus modificaciones.

Art. 6 – No se podrán aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo para cada jurisdicción, organismo descentralizado e institución de la Seguridad Social. Exceptúase de dicha limitación a las transferencias de cargos entre jurisdicciones y/u organismos descentralizados y a los cargos correspondientes a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional. Quedan también exceptuados los cargos correspondientes a las funciones ejecutivas del convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Dto. 2.098, de fecha 3 de diciembre de 2008, las ampliaciones y reestructuraciones de cargos originadas en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes y en reclamos administrativos dictaminados favorablemente, los regímenes que determinen incorporaciones de agentes que completen cursos de capacitación específicos correspondientes a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, del Servicio Exterior de la Nación, del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, de la carrera de Investigador Científico-Tecnológico, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del “Régimen para el personal de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas”. Asimismo, exceptúase de la limitación para aprobar incrementos en los cargos y horas de cátedra que excedan los totales fijados en las planillas anexas al presente artículo al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, al Tribunal de Tasaciones de la Nación, a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con relación al Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre.

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a exceptuar de las limitaciones establecidas en el presente artículo a los cargos correspondientes a las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas durante los años 2014 y 2015.

Art. 7 – Salvo decisión fundada del jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdicciones y entidades de la Administración nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la presente ley, ni los que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente para los casos en que las vacantes descongeladas no hayan podido ser cubiertas.

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos correspondientes a las autoridades superiores de la Administración pública nacional, al personal científico y técnico de los organismos indicados en el inc. a) del art. 14 de la Ley 25.467, al régimen establecido por la Dec. Adm. 609, de fecha 1 de agosto de 2014, los correspondientes a los funcionarios del cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación, los cargos del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, de la Autoridad Regulatoria Nuclear, del Tribunal de Tasaciones de la Nación, de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y los de las jurisdicciones y entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas durante los años 2014 y 2015, así como los del personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, por reemplazos de agentes pasados a situación de retiro y jubilación o dados de baja durante el presente ejercicio.

Art. 8 – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a introducir ampliaciones en los créditos presupuestarios aprobados por la presente ley y a establecer su distribución en la medida en que las mismas sean financiadas con incremento de fuentes de financiamiento originadas en préstamos de organismos financieros internacionales de los que la Nación forme parte y los originados en acuerdos bilaterales país-país y los provenientes de la autorización conferida por el art. 34 de la presente ley, con la condición de que su monto se compense con la disminución de otros créditos presupuestarios financiados con Fuentes de Financiamiento 15 – Crédito interno y 22 – Crédito externo.

Art. 9 – El jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, podrá disponer ampliaciones en los créditos presupuestarios de la Administración central, de los organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, y su correspondiente distribución, financiados con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, transferencias de entes del sector público nacional, donaciones y los remanentes de ejercicios anteriores que por ley tengan destino específico.

Art. 10 – Las facultades otorgadas por la presente ley al jefe de Gabinete de Ministros podrán ser asumidas por el Poder Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la Administración general del país y en función de lo dispuesto por el inc. 10 del art. 99 de la Constitución Nacional.

CAPITULO II – De las normas sobre gastos

Art. 11 – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones, la contratación de obras o adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2016, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar, al momento de cumplimentar el art. 5 de la presente ley y dentro de las limitaciones dispuestas por el art. 37 de la Ley 24.156 y modificatorias, las reestructuraciones necesarias a fin de incorporar las asignaciones dispuestas en la Planilla anexa II adjunta al presente artículo.

Art. 12 – Fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales la suma de pesos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y seis mil ($ 51.946.796.000), de acuerdo con el detalle de la planilla anexa al presente artículo.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a incorporar créditos, en forma adicional a lo dispuesto en el presente artículo, por la suma de pesos cuatrocientos millones ($ 400.000.000), destinados a financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales; la suma de pesos mil quinientos millones ($ 1.500.000.000) destinados a financiar planes específicos para el apoyo a carreras y acciones universitarias en áreas estratégicas prioritarias para el desarrollo nacional; la suma de pesos trescientos millones ($ 300.000.000) destinados a financiar la ampliación de la infraestructura y evolución derivada del aumento de matriculados en universidades y la suma de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) destinados a hospitales universitarios.

Asimismo, se autoriza al jefe de Gabinete de Ministros a asignar la suma de pesos sesenta millones ($ 60.000.000) a la Facultad de Odontología, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a fin de concluir las obras de ampliación, y la suma de pesos veinticinco millones ($ 25.000.000), destinados al financiamiento de la Entidad 804 – Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en la medida que el incremento de su actividad así lo justifique.

Las universidades nacionales deberán presentar, ante la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos que se le transfieran por todo concepto. El citado Ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información, en tiempo y forma.

Art. 13 – Apruébanse, para el presente ejercicio, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa a este artículo, los flujos financieros y el uso de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente por bienes y/o fondos del Estado nacional, en cumplimiento de lo establecido por el art. 2, inc. a), de la Ley 25.152. El jefe de Gabinete de Ministros deberá presentar informes trimestrales a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación sobre el flujo y uso de los fondos fiduciarios, detallando en su caso las transferencias realizadas y las obras ejecutadas y/o programadas.

Art. 14 – Asígnase durante el presente ejercicio la suma de pesos dos mil seiscientos seis millones trescientos noventa y nueve mil ($ 2.606.399.000) como contribución destinada al Fondo Nacional de Empleo (FNE) para la atención de programas de empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Art. 15 – El Estado nacional toma a su cargo las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la Res. S.E. 6, de fecha 8 de setiembre de 2003, correspondientes a las acreencias de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), de la Entidad Binacional Yacyretá, de las regalías a las provincias de Corrientes y Misiones por la generación de la Entidad Binacional Yacyretá y a los excedentes generados por el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande, estos últimos en el marco de las Leyes 24.954 y 25.671, por las transacciones económicas realizadas hasta el 31 de diciembre de 2016.

Art. 16 – Asígnase al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el art. 31 de la Ley 26.331, un monto de pesos doscientos cuarenta y seis millones quinientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y tres ($ 246.578.893); para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de pesos dieciocho millones cuatrocientos treinta mil ciento siete ($ 18.430.107); a la Jurisdicción 01 – Programa 27 con destino a la Comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (art. 7 de la Ley 27.063) la suma de pesos veinticinco millones ($ 25.000.000) y al Poder Judicial de la Nación, Jurisdicción 5, con destino a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la suma de pesos diez millones ($ 10.000.000).

Asimismo, asígnase a Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) la suma de pesos mil millones ($ 1.000.000.000), en la medida que la ejecución de obras y la ampliación del número de usuarios así lo justifique; a la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Jurisdicción 85, con el fin de financiar la operatoria establecida por la Ley 27.098, la suma de pesos trescientos millones ($ 300.000.000); a la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Jurisdicción 85, con destino al otorgamiento de becas y asignaciones deportivas, la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000); al Ministerio de Industria, Jurisdicción 56 – Partida 5.1.9 Automotrices, la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000); a la Jurisdicción 91 “Obligaciones del Tesoro”, destinada al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), la suma de pesos doscientos millones ($ 200.000.000); al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) – Entidad 623 la suma de pesos doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000) y la suma de pesos un millón ($ 1.000.000) al Museo del Holocausto Buenos Aires.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, a efectuar, al momento de cumplimentar el art. 5 de la presente ley y dentro de las limitaciones dispuestas por el art. 37 de la Ley 24.156 y modificatorias, los incrementos y las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de incorporar los montos establecidos en los párrafos precedentes e incorporar las asignaciones en la planilla anexa al presente artículo.

Art. 17 – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, a instrumentar los mecanismos correspondientes, a los fines de cubrir las necesidades financieras de las empresas comprendidas en el art. 17 de la Ley 27.008 hasta el 31 de diciembre de 2016.

El monto de las asistencias a realizarse deberá considerarse como transferencias corrientes y de capital, según corresponda, con obligación de rendir cuentas de su aplicación a la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación. La Auditoría General de la Nación efectuará las certificaciones sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos.

Las empresas comprendidas en el presente artículo se rigen por las normas y principios de derecho privado y, en particular, en cuanto a su naturaleza, por los términos del Cap. II, Sección V, de la Ley 19.550, no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y/o control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación.

Art. 18 – Establécese que los recursos destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al Programa Nacional de Compensación Salarial Docente no serán inferiores a los fondos asignados en la Ley 27.008. El Poder Ejecutivo nacional determinará los mecanismos de distribución que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Ley 26.206 de Educación Nacional.

Art. 19 – Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2016 del art. 7 de la Ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 26.206, asegurando el reparto automático de los recursos a los municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.

CAPITULO III – De las normas sobre recursos

Art. 20 – Dispónese el ingreso como contribución al Tesoro Nacional de la suma de pesos mil setecientos noventa y cinco millones seiscientos setenta y dos mil ($ 1.795.672.000), de acuerdo con la distribución indicada en la planilla anexa al presente artículo. El jefe de Gabinete de Ministros establecerá el cronograma de pagos.

Art. 21 – Fíjase en la suma de pesos ciento setenta y un millones ochocientos veintidós mil ochenta ($ 171.822.080) el monto de la tasa regulatoria según lo establecido por el primer párrafo del art. 26 de la Ley 24.804, ley nacional de la actividad nuclear.

Art. 22 – Prorrógase para el ejercicio 2016 lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 27.008.

Art. 23 – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el Tít. III de la Ley 23.966 (t.o. en 1998) y sus modificatorias, del impuesto sobre el gas oil establecido por la Ley 26.028 y de todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a dicho combustible, a las importaciones de gasoil y diesel oil y su venta en el Mercado interno, realizadas durante el año 2016, destinadas a compensar los picos de demanda de tales combustibles, incluyendo las necesidades para el Mercado de Generación Eléctrica.

La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación de gasoil o diesel oil sin impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado, no resulte inferior al precio de salida de refinería de esos bienes.

Autorízase a importar bajo el presente régimen, para el año 2016, el volumen de siete millones de metros cúbicos (7.000.000 m3), los que pueden ser ampliados en hasta un veinte por ciento (20%), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, distribuirá el cupo de acuerdo con la reglamentación que dicte al respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa, evolución de los precios de Mercado y condiciones de suministro e informe sobre el cumplimiento de la Res. S.E. 1.679 de fecha 23 de diciembre de 2004.

En los aspectos no reglados por el presente régimen serán de aplicación supletoria y complementaria las disposiciones de la Ley 26.022.

Art. 24 – Exímese del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural, previsto en el Tít. III de la Ley 23.966 (t.o. en 1998) y sus modificatorias, y de todo otro tributo específico que en el futuro se imponga a dicho combustible, a las importaciones de naftas grado dos y/o grado tres de acuerdo con las necesidades del Mercado y conforme con las especificaciones normadas por la Res. S.E. 1.283, de fecha 6 de setiembre de 2006, y sus modificatorias, y su venta en el Mercado interno, realizadas durante el año 2016, destinadas a compensar las diferencias entre la capacidad instalada de elaboración de naftas respecto de la demanda total de las mismas.

La exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente mientras la paridad promedio mensual de importación de naftas sin impuestos, a excepción del impuesto al valor agregado, no resulte inferior al precio de salida de refinería de esos bienes.

Autorízase a importar bajo el presente régimen para el año 2016 el volumen de un millón de metros cúbicos (1.000.000 m3), los que pueden ser ampliados en hasta un veinte por ciento (20%), conforme la evaluación de su necesidad realizada en forma conjunta por la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, distribuirá el cupo de acuerdo con la reglamentación que dicte al respecto, debiendo remitir al Honorable Congreso de la Nación, en forma trimestral, el informe pertinente que deberá contener indicación de los volúmenes autorizados por empresa, evolución de los precios de Mercado y condiciones de suministro.

Los sujetos pasivos comprendidos en la Ley 23.966 que realicen las importaciones de naftas para su posterior venta exenta en los términos de los párrafos precedentes, deberán cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación sobre los controles a instrumentar para dicha operatoria por parte de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.

A los fines de las disposiciones mencionadas se entenderá por nafta al combustible definido como tal en el art. 4 del anexo al Dto. 74, de fecha 22 de enero de 1998, y sus modificatorias, reglamentario del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural.

Art. 25 – Los recursos previstos en el art. 8 de la Ley 23.548, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dada su naturaleza y destino, deberán ser registrados en la contabilidad general de la Nación sin afectar el presupuesto de la Administración nacional, en concordancia con lo establecido en el art. 3 de la Ley 25.917 y su Dto. reglamentario 1.731, de fecha 7 de diciembre de 2004, y no serán considerados en la base de cálculo para la determinación de los porcentajes establecidos por el art. 2 de la Ley 23.853, el art. 39 de la Ley 27.148 y el art. 65 de la Ley 27.149.

CAPITULO IV – De los cupos fiscales

Art. 26 – Fíjase el cupo anual al que se refiere los arts. 3 de la Ley 22.317 y 7 de la Ley 25.872 en la suma de pesos trescientos cincuenta y dos millones ($ 352.000.000), de acuerdo con el siguiente detalle:

a) Pesos sesenta millones ($ 60.000.000) para el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

b) Pesos ochenta millones ($ 80.000.000) para la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

c) Pesos doce millones ($ 12.000.000) para la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, inc. d), del art. 5 de la Ley 25.872.

d) Pesos doscientos millones ($ 200.000.000) para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Déjase establecido que el monto del crédito fiscal a que se refiere la Ley 22.317 será administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, en el ámbito del Ministerio de Educación.

Art. 27 – Fíjase el cupo anual establecido en el art. 9, inc. b), de la Ley 23.877 en la suma de pesos ciento veinte millones ($ 120.000.000). La autoridad de aplicación de la Ley 23.877 distribuirá el cupo asignado para la operatoria establecida con el objeto de contribuir a la financiación de los costos de ejecución de proyectos de investigación y desarrollo en las áreas prioritarias de acuerdo con el Dto. 270, de fecha 11 de marzo de 1998, y para financiar proyectos en el marco del Programa de Fomento a la Inversión de Capital de Riesgo en Empresas de las Areas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, según lo establecido por el Dto. 1.207 de fecha 12 de setiembre de 2006.

CAPITULO V – De la cancelación de deudas de origen previsional

Art. 28 – Establécese como límite máximo la suma de pesos doce mil quinientos millones ($ 12.500.000.000), destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Art. 29 – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a ampliar el límite establecido en el art. 28 de la presente ley para la cancelación de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en la medida que el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera. Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.

Art. 30 – Establécese como límite máximo la suma de pesos mil seiscientos setenta y seis millones ciento cincuenta y siete mil ($ 1.676.157.000) destinada al pago de sentencias judiciales por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo con el siguiente detalle:

Instituto de ayuda financiera para pago de retiros y pensiones militares 979.197.000
Caja de retiros, jubilaciones y pensiones de la Policía Federal Argentina 558.960.000
Servicio Penitenciario Federal 50.000.000
Gendarmería Nacional 70.000.000
Prefectura Naval Argentina 18.000.000

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a ampliar el límite establecido en el presente artículo para la cancelación de deudas previsionales, reconocidas en sede judicial y administrativa, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, cuando el cumplimiento de dichas obligaciones así lo requiera.

Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo.

Art. 31 – Los organismos a que se refiere el art. 30 de la presente ley deberán observar, para la cancelación de las deudas previsionales, el orden de prelación estricto que a continuación se detalla:

a) Sentencias notificadas en períodos fiscales anteriores y aún pendientes de pago.

b) Sentencias notificadas en el año 2016.

En el primer caso se dará prioridad a los beneficiarios de mayor edad. Agotadas las sentencias notificadas en períodos anteriores al año 2016, se atenderán aquéllas incluidas en el inc. b), respetando estrictamente el orden cronológico de notificación de las sentencias definitivas.

CAPITULO VI – De las jubilaciones y pensiones

Art. 32 – Establécese, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, que la participación del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, referida en los arts. 18 y 19 de la Ley 22.919, no podrá ser inferior al cuarenta y seis por ciento (46%) del costo de los haberes remunerativos de retiro, indemnizatorios y de pensión de los beneficiarios.

Art. 33 – Prorróganse por diez años, a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones otorgadas en virtud de la Ley 13.337 que hubieran caducado o caduquen durante el presente ejercicio.

Prorróganse por diez años, a partir de sus respectivos vencimientos, las pensiones graciables que fueran otorgadas por la Ley 26.078.

Las pensiones graciables prorrogadas por la presente ley, las que se otorgaren y las que hubieran sido prorrogadas por las Leyes 23.990, 24.061, 24.191, 24.307, 24.447, 24.624, 24.764, 24.938, 25.064, 25.237, 25.401, 25.500, 25.565, 25.725, 25.827, 25.967, 26.078, 26.198, 26.337, 26.422 y 26.546, prorrogada en los términos del Dto. 2.053, de fecha 22 de diciembre de 2010, y complementada por el Dto. 2.054, del 22 de diciembre de 2010, y por las Leyes 26.728, 26.784, 26.895 y 27.008, deberán cumplir con las condiciones indicadas a continuación:

a) No ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a pesos cien mil ($ 100.000).

b) No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante.

c) No podrán superar en forma individual o acumulativa la suma equivalente a una jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que la suma total de estos últimos no supere dos jubilaciones mínimas del referido Sistema.

En los supuestos en que los beneficiarios sean menores de edad, con excepción de quienes tengan capacidades diferentes, las incompatibilidades serán evaluadas en relación con sus padres cuando ambos convivan con el menor. En caso de padres separados de hecho o judicialmente, divorciados o que hayan incurrido en abandono del hogar, las incompatibilidades sólo serán evaluadas con relación al progenitor que cohabite con el beneficiario.

En todos los casos de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso se procederá a suspender los pagos de las prestaciones sin previa notificación o intimación para cumplir con los requisitos formales que fueren necesarios.

Las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción, siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.

CAPITULO VII – De las operaciones de crédito público

Art. 34 – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto por el art. 60 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, y sus modificaciones, a los entes que se mencionan en la planilla anexa al presente artículo a realizar operaciones de crédito público por los montos, especificaciones y destino del financiamiento indicados en la referida planilla.

Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación. El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada a ambas cámaras del Honorable Congreso de la Nación, dentro del plazo de treinta días de efectivizada la operación de crédito público.

El órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la Administración central.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la mencionada planilla a los efectos de adecuarlas a las posibilidades de obtención de financiamiento, lo que deberá informarse de la misma forma y modo establecidos en el segundo párrafo.

Art. 35 – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a integrar el Fondo del Desendeudamiento Argentino, creado por el Dto. 298, de fecha 1 de marzo de 2010, por hasta la suma de dólares estadounidenses seis mil quinientos veinticinco millones (u$s 6.525.000.000).

Los recursos que conformen el Fondo del Desendeudamiento Argentino se destinarán, en la medida que ello disminuya el costo financiero por ahorro en el pago de intereses, a la cancelación de servicios de la deuda pública con tenedores privados correspondientes al ejercicio fiscal 2016 y, en caso de resultar un excedente y siempre que tengan efecto monetario neutro, a financiar gastos de capital.

A tales fines, autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la planilla anexa al art. 34 de la presente ley, al Banco Central de la República Argentina, una o más letras intransferibles, denominadas en dólares estadounidenses, amortizables íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización de diez años, que devengarán una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos un punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán semestralmente.

Los referidos instrumentos podrán ser integrados exclusivamente con reservas de libre disponibilidad, se considerarán comprendidos en las previsiones del art. 33 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y no se encuentran alcanzados por la prohibición de los arts. 19, inc. a), y 20 de la misma.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá informar, periódicamente, a la Comisión Bicameral creada por el art. 6 del Dto. 298, de fecha 1 de marzo de 2010, el uso de los recursos que componen el Fondo del Desendeudamiento Argentino.

Art. 36 – Fíjase en la suma de pesos sesenta mil millones ($ 60.000.000.000) y en la suma de pesos treinta y cinco mil millones ($ 35.000.000.000) los montos máximos de autorización a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S.), respectivamente, para hacer uso transitoriamente del crédito a corto plazo a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156 y sus modificaciones.

Art. 37 – Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la emisión y colocación de Letras del Tesoro a plazos que no excedan el ejercicio financiero hasta alcanzar un importe en circulación del valor nominal de pesos diecinueve mil millones ($ 19.000.000.000), o su equivalente en otras monedas, a los efectos de ser utilizadas como garantía por las adquisiciones de combustibles líquidos y gaseosos, la importación de energía eléctrica, la adquisición de aeronaves, así como también de componentes extranjeros y bienes de capital de proyectos y obras públicas nacionales, realizadas o a realizarse.

Dichos instrumentos podrán ser emitidos en la moneda que requiera la constitución de las citadas garantías, rigiéndose la emisión, colocación, liquidación y registro de las mismas, por lo dispuesto en el art. 82 del anexo al Dto. 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007. En forma previa a la emisión de las mismas deberá estar comprometida la partida presupuestaria asignada a los gastos garantizados.

Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a disponer la aplicación de las citadas partidas presupuestarias a favor del Estado nacional, ante la eventual realización de las garantías emitidas en virtud del presente artículo y, asimismo, a dictar las normas aclaratorias, complementarias y de procedimiento relacionadas con las facultades otorgadas en el mismo.

Art. 38 – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas por el art. 34 de la presente ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al presente artículo, hasta un monto máximo de dólares estadounidenses cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y ocho millones (u$s 54.538.000.000) o su equivalente en otras monedas.

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, determinará, de acuerdo con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y hasta el monto señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas y solicitará al órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera su instrumentación.

El uso de esta autorización deberá ser informado de manera fehaciente y detallada, dentro del plazo de treinta días de efectivizada la operación de crédito público, a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a reasignar, en la medida que las condiciones económico-financieras lo requieran, los montos determinados, entre los proyectos listados en el anexo del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo global.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccionen las operaciones de crédito aludidas, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de las mismas.

Art. 39 – Mantiénese durante el ejercicio 2016 la suspensión dispuesta en el art. 1 del Dto. 493 de fecha 20 de abril de 2004.

Art. 40 – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a realizar operaciones de crédito público cuando las mismas excedan el ejercicio 2016, por los montos, especificaciones, período y destino de financiamiento detallados en la planilla anexa al presente artículo.

El órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera realizará las operaciones de crédito público correspondientes a la Administración central, siempre que las mismas hayan sido incluidas en la ley de presupuesto del ejercicio respectivo.

Art. 41 – Mantiénese el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del Gobierno nacional dispuesto en el art. 44, de la Ley 27.008, hasta la finalización del proceso de reestructuración de la totalidad de la deuda pública contraída originalmente con anterioridad al 31 de diciembre de 2001, o en virtud de normas dictadas antes de esa fecha.

Art. 42 – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a proseguir con la normalización de los servicios de la deuda pública referida en el art. 41 de la presente ley, en los términos del art. 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,24.156, y sus modificaciones, y con los límites impuestos por la Ley 26.886, quedando facultado el Poder Ejecutivo nacional para realizar todos aquellos actos necesarios para la conclusión del citado proceso, a fin de adecuar los servicios de la misma a las posibilidades de pago del Estado nacional en el mediano y largo plazo.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará, semestralmente al Honorable Congreso de la Nación, el avance de las tratativas y los acuerdos a los que se arribe durante el proceso de negociación.

Los servicios de la deuda pública del Gobierno nacional, correspondientes a los títulos públicos comprendidos en el régimen de la Ley 26.017, están incluidos en el diferimiento indicado en el art. 41 de la presente ley.

Los pronunciamientos judiciales firmes, emitidos contra las disposiciones de la Ley 25.561, el Dto. 471, de fecha 8 de marzo de 2002, y sus normas complementarias, recaídos sobre dichos títulos, se encuentran alcanzados por lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 43 – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional a realizar operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas en el art. 34 de la presente ley, con el fin de disponer un aporte de capital a favor del Fondo Fiduciario del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Pro.Cre.Ar. Bicentenario) por un importe de pesos quince mil millones ($ 15.000.000.000), mediante la emisión de Letras del Tesoro a dos años de plazo, en los términos y condiciones que fije el órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, en la medida en que se perfeccione el uso de la presente autorización, a realizar las ampliaciones presupuestarias correspondientes a fin de posibilitar la ejecución de las mismas.

Art. 44 – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a otorgar avales, fianzas o garantías de cualquier naturaleza a efectos de garantizar las obligaciones destinadas al financiamiento de las obras de infraestructura y/o equipamiento, cuyo detalle figura en la planilla anexa al presente artículo, y hasta el monto máximo global de dólares estadounidenses cincuenta y un mil setecientos dieciocho millones (u$s 51.718.000.000), o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás accesorios.

El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, solicitará al órgano coordinador de los Sistemas de Administración Financiera el otorgamiento de los avales, fianzas o garantías correspondientes, los que serán endosables en forma total o parcial e incluirán un monto equivalente al capital de la deuda garantizada con más el monto necesario para asegurar el pago de los intereses correspondientes y demás accesorios.

Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros, previa intervención del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a reasignar, en la medida que las condiciones económico-financieras lo requieran, los montos determinados, entre los proyectos listados en el anexo del presente artículo, sin sobrepasar el monto máximo global.

Art. 45 – Facúltase al órgano responsable de la coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a otorgar avales del Tesoro Nacional por las operaciones de crédito público, de acuerdo con el detalle obrante en la planilla anexa al presente artículo, y por los montos máximos determinados en la misma o su equivalente en otras monedas, más los montos necesarios para afrontar el pago de intereses y demás accesorios debidamente cuantificados.

Art. 46 – Dentro del monto autorizado para la Jurisdicción 90 – “Servicio de la deuda pública” se incluye la suma de pesos treinta millones ($ 30.000.000), destinada a la atención de las deudas referidas en los incs. b) y c) del art. 7 de la Ley 23.982.

Art. 47 – Fíjase en pesos ocho mil seiscientos millones ($ 8.600.000.000) el importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas previsionales, en todas sus series vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el art. 2, inc. f), de la Ley 25.152, las alcanzadas por el Dto. 1.318, de fecha 6 de noviembre de 1998, y las referidas en el art. 127, de la Ley 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. en 2014), por los montos que en cada caso se indican en la planilla anexa al presente artículo. Los importes indicados en la misma corresponden a valores efectivos de colocación.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá realizar modificaciones dentro del monto total fijado en este artículo.

Art. 48 – Sustitúyese el art. 68 de la Ley 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. en 2014) por el siguiente:

“Artículo 68 – Las obligaciones consolidadas en los términos de las Leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725, y aquellas cuya cancelación deba hacerse efectiva en virtud de toda otra norma que así lo indique, con los instrumentos previstos en dichas leyes, serán atendidas con Bonos de Consolidación Octava Serie.

Las obligaciones comprendidas en las Leyes 24.043, 24.411, 25.192, 25.471, 26.572, 26.690, 26.700, 27.133 y 27.139 serán canceladas con Bonos de Consolidación Octava Serie.

La prórroga dispuesta en el art. 46 de la Ley 25.565, y la dispuesta en los arts. 38 y 58 de la Ley 25.725, resulta aplicable exclusivamente a las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de diciembre de 1999, y anterior al 1 de enero de 2002 o al 1 de setiembre de 2002, según lo que en cada caso corresponda. Hasta el 31 de diciembre de 1999 las obligaciones a las que se refiere el art. 13 de la Ley 25.344 continuarán rigiéndose por las leyes y normas reglamentarias correspondientes. En todos los casos, los intereses a liquidarse judicialmente se calcularán únicamente hasta la fecha de corte, establecida en el 1 de abril de 1991 para las obligaciones comprendidas en la Ley 23.982; en el 1 de enero de 2000 para las obligaciones comprendidas en la Ley 25.344 y en el 1 de enero de 2002 o el 1 de setiembre de 2002 para las obligaciones comprendidas en la prórroga dispuesta por las Leyes 25.565 y 25.725”.

Art. 49 – Los pagos de las obligaciones alcanzadas por la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725 cuyos acreedores hubieran optado por cobrar las mismas en efectivo y sus correspondientes formularios de requerimiento de pago hubieran ingresado a la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con anterioridad al 31 de diciembre de 2015, serán atendidos con cargo a la autorización contenida en el art. 46 de la presente ley.

Art. 50 – Sustitúyese el art. 179 de la Ley 11.672 – Complementaria Permanente de la Ley de Presupuesto (t.o. en 2014), el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 179 – Los pedidos de informes o requerimientos judiciales respecto al plazo en que se cumplirá cualquier obligación alcanzada por la consolidación dispuesta por las Leyes 23.982, 25.344, 25.565 y 25.725 serán respondidos por el Poder Ejecutivo nacional, o cualquiera de las personas jurídicas o entes alcanzados por el art. 2 de la Ley 23.982, indicando que se propondrá al Honorable Congreso de la Nación que asigne anualmente los recursos necesarios para hacer frente al pasivo consolidado en el plazo de amortización de los instrumentos mencionados en el inc. b) del art. 67 de la Ley 11.672 (t.o. en 2014), de modo que pueda estimarse provisionalmente el plazo que demandará su atención. Derógase el art. 9 de la Ley 23.982”.

Art. 51 – Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a establecer las condiciones financieras de reembolso de las deudas de las provincias con el Gobierno nacional, resultantes de la reestructuración que llevó a cabo el Estado nacional con los representantes de los países acreedores nucleados en el Club de París para la refinanciación de las deudas con atrasos de la República Argentina.

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a suscribir con las provincias involucradas los convenios bilaterales correspondientes.

Art. 52 – Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a colocar, con imputación a la planilla anexa al art. 34 de la presente ley, al Banco Central de la República Argentina, una letra intransferible, denominada en dólares estadounidenses, amortizable íntegramente al vencimiento, con un plazo de amortización de diez años, que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina por el mismo período, hasta un máximo de la tasa LIBOR anual, menos un punto porcentual y cuyos intereses se cancelarán semestralmente.

El referido instrumento será integrado con los fondos correspondientes al capital que recibirá el Banco Central de la República Argentina al vencimiento de la “Letra intransferible vencimiento 2016”, emitida por la Res. Conj. S.H. 4 y S.F. 1, de fecha 5 de enero de 2006, que se producirá el 3 de enero de 2016.

CAPITULO VIII – De las relaciones con las provincias

Art. 53 – Fíjanse los importes a remitir en forma mensual y consecutiva, durante el presente ejercicio, en concepto de pago de las obligaciones generadas por el art. 11 del Acuerdo Nación – provincias, sobre relación financiera y bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, celebrado entre el Estado nacional, los Estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 27 de febrero de 2002, ratificado por la Ley 25.570, destinados a las provincias que no participan de la reprogramación de la deuda prevista en el art. 8 del citado acuerdo, las que se determinan seguidamente: provincia de La Pampa, pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil cien ($ 3.369.100); provincia de Santa Cruz, pesos tres millones trescientos ochenta mil ($ 3.380.000); provincia de Santiago del Estero, pesos seis millones setecientos noventa y cinco mil ($ 6.795.000); provincia de Santa Fe, pesos catorce millones novecientos setenta mil cien ($ 14.970.100) y provincia de San Luis, pesos cuatro millones treinta y un mil trescientos ($ 4.031.300).

Art. 54 – Prorróganse para el ejercicio 2016 las disposiciones contenidas en los arts. 1 y 2 de la Ley 26.530. Invítase a las provincias a adherir a esta prórroga.

Art. 55 – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2016 el plazo máximo establecido en el art. 3 de la Ley 25.917.

CAPITULO IX – Otras disposiciones

Art. 56 – Dáse por prorrogado todo plazo establecido oportunamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros para la liquidación o disolución definitiva de todo ente, organismo, instituto, sociedad o empresa del Estado que se encuentre en proceso de liquidación de acuerdo con los Dtos. 2.148, de fecha 19 de octubre de 1993, y 1.836, de fecha 14 de octubre de 1994, y cuya prórroga hubiera sido establecida por decisión administrativa.

Establécese como fecha límite para la liquidación definitiva de los entes en proceso de liquidación mencionados en el párrafo anterior el 31 de diciembre de 2016, o hasta que se produzca la liquidación definitiva de los procesos liquidatorios de los entes alcanzados en la presente prórroga, por medio de la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que así lo disponga, lo que ocurra primero.

Art. 57 – Ratifícase el Dto. 1.423 de fecha 24 de julio de 2015.

Art. 58 – Sustitúyese el art. 81 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, y sus modificaciones, por el siguiente:

“Artículo 81 – Los órganos de los tres Poderes del Estado, y la autoridad superior de cada una de las entidades descentralizadas que conformen la Administración Nacional, podrán autorizar el funcionamiento de fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y/o cajas chicas, con el régimen y los límites que establezcan en sus respectivas reglamentaciones.

Los gastos que se realicen a través del régimen de fondos rotatorios, fondos rotatorios internos y/o cajas chicas o similares, quedan excluidos del régimen de contrataciones de la Administración nacional.

A estos efectos, las Tesorerías correspondientes podrán entregar los fondos necesarios con carácter de anticipo, formulando el cargo correspondiente a sus receptores”.

Art. 59 – Autorízase a iniciar el proceso de contratación de las obras de infraestructura hidroeléctrica denominadas “Chihuido I”, “Portezuelo del Viento”, “Los Blancos”, “Punta Negra” y “Potrero del Clavillo”. Asimismo, autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las medidas necesarias que en materia de presupuesto correspondan, a efectos de comprometer la ejecución de los mencionados proyectos, así como su inclusión en los ejercicios siguientes hasta su finalización.

Art. 60 – Extiéndense los plazos previstos en los arts. 2 y 5 de la Ley 26.360, y su modificación Ley 26.728, para la realización de inversiones en obras de infraestructura, hasta el 31 de diciembre de 2016, inclusive.

Se entenderá que existe principio efectivo de ejecución cuando se hayan realizado erogaciones de fondos asociados al proyecto de inversión entre el 1 de octubre de 2010 y el 31 de octubre de 2016, ambas fechas inclusive, por un monto no inferior al quince por ciento (15%) de la inversión prevista, aun cuando las obras hayan sido iniciadas entre el 1 de octubre de 2007 y el 30 de setiembre de 2015.

Art. 61 – Prorrógase el plazo establecido en el art. 63 de la Ley 27.008 hasta el 31 de diciembre de 2017.

Art. 62 – Las disposiciones prorrogadas por el artículo precedente también serán de aplicación a las importaciones para consumo de bienes de capital y sus componentes, que se realicen como consecuencia de contratos vigentes celebrados con la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA S.A.) (C.U.I.T. 30-70956507-5) para ser destinados únicamente a los proyectos y obras enumerados en dicho artículo con las limitaciones allí previstas.

Las operaciones alcanzadas por este beneficio quedarán sujetas a los controles correspondientes.

Art. 63 – Dispónese la afectación a favor del Ministerio de Cultura de los recursos provenientes de los cánones y otros ingresos provenientes de las concesiones y permisos de los restaurantes y bufet que funcionan dentro del Centro Cultural Kirchner, a fin de que se destinen a gastos relacionados con la agenda cultural de dicho centro.

Art. 64 – Prorrógase para el ejercicio 2016 lo dispuesto en el art. 66 de la Ley 27.008.

Art. 65 – Autorízase, de conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, y sus modificaciones, la contratación de las obras que se indican en el párrafo siguiente, cuyo plazo de ejecución exceda el ejercicio financiero 2016, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En el Proyecto 34 Mejoramiento Integral de la Cuenca del Río Bermejo la obra 51 Componente 1 – Recuperación y desarrollo áreas de riego y drenaje de manantiales y del Río Bermejo por un monto de dólares estadounidenses veinte millones quinientos setenta y cuatro mil (u$s 20.574.000) y la obra 52 Componente 2 – Manejo integrado de derrames del Río Bermejo y alimentación del Estero Bellaco-Etapa I por un monto de dólares estadounidenses veintiún millones ciento nueve mil (u$s 21.109.000). En el Proyecto 39 – Remodelación Embajada y eesidencia en Washington – Etapa II, la obra de igual denominación por un monto de dólares estadounidenses tres millones quinientos mil (u$s 3.500.000). Dicho monto incluye el presupuesto anual de la obra por la suma de dólares estadounidenses dos millones novecientos sesenta y cuatro mil (u$s 2.964.000) y una variación del veinte por ciento (20%).

Art. 66 – Sustitúyese el art. 180 de la Ley 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. en 2014) por el siguiente:

“Artículo 180 – Facúltase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a firmar contratos de locación de inmuebles y para la ejecución de sus actividades institucionales que contengan cláusulas que apliquen la normativa local que se sometan a la jurisdicción del Estado receptor, que incorporen las garantías de cumplimiento de contratos y los remedios para el caso de incumplimiento o que supongan el pago por el Estado argentino de impuestos cuando estas sean habituales, conforme uso y costumbres de plaza del país receptor cuando así lo requieran las condiciones del Mercado local”.

Art. 67 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 37 de la Ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a los efectos de asignar la suma de pesos treinta millones ($ 30.000.000) a favor de la Universidad Tecnológica Nacional, destinado a la puesta en funcionamiento del Laboratorio de Estudios Ambientales sito en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, y la suma de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000) a favor de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, creada por la Ley 27.113, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de Salud. Exceptúase a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos de las limitaciones dispuestas por los arts. 6 y 7 de la presente ley.

Asimismo, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 37 de la Ley 24.156, efectúe las reestructuraciones necesarias a los efectos de asignar la suma de pesos mil millones ($ 1.000.000.000) correspondiente a la Fuente Financiera 11 –Tesoro Nacional– a favor de la Procuración General de la Nación, actuante en el ámbito del Ministerio público.

Art. 68 – Declárase de interés público el Plan Nacional de Medicina Nuclear que tendrá como objeto la inclusión social a nivel federal, incorporando tecnologías de alta calidad al sistema de salud pública.

Art. 69 – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros para que, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 37 de la Ley 24.156, efectúe las reestructuraciones presupuestarias necesarias a efectos de asignar las sumas necesarias para financiar los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27.120 – Elección de Parlamentarios del Mercosur.

CAPITULO X – De la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto

Art. 70 – Incorpóranse a la Ley 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. en 2014) los arts. 25 y 63 de la presente ley.


TITULO II – Presupuesto de gastos y recursos de la Administración central

Art. 71 – Téngase por debidamente cumplidos, tanto en su percepción como en su utilización, los subsidios y becas otorgados por la Jurisdicción 01 – Programa 17 que fueran dispuestos por las Leyes 26.784, 26.895 y 27.008.

Art. 72 – Detállanse en las Planillas resumen Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, anexas al presente título, los importes determinados en los ats. 1, 2, 3 y 4 de la presente ley que corresponden a la Administración central.


TITULO III – Presupuesto de gastos y recursos de organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social

Art. 73 – Detállanse en las Planillas resumen Nº 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A, anexas al presente título, los importes determinados en los arts. 1, 2, 3 y 4 de la presente ley que corresponden a los organismos descentralizados.

Art. 74 – Detállanse en las Planillas resumen Nº 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B y 9B, anexas al presente título, los importes determinados en los arts. 1, 2, 3 y 4 de la presente ley que corresponden a las instituciones de la Seguridad Social.

Art. 75 – De forma.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s